La Comisión Europea anunció este viernes la apertura de expedientes a dieciocho Estados miembros, entre ellos España, por retrasarse en la adopción de algunas provisiones de la sexta directiva contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que debían estar aprobados a nivel nacional antes del 10 de julio de este año.
Los países afectados, además de España, son Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía y Finlandia.
La Comisión informó en un comunicado que estos 18 socios del bloque «no han declarado la transposición completa» de algunos de los artículos esta directiva, por lo que les ha enviado una carta de emplazamiento, que es el primer paso de los procedimientos europeos de infracción que, en última instancia, pueden acabar ante la Justicia europea.
Bruselas subrayó que la normativa «aborda principalmente cuestiones organizativas e institucionales» del marco europeo contra el blanqueo de capitales, así como que la aplicación «gradual» de la misma «es esencial para abordar las deficiencias del sistema financiero de la UE y garantizar que todos los Estados miembros apliquen de manera coherente y eficaz sus normas contra el blanqueo de capitales».
Un plazo de dos meses
«La confianza de los inversores y del público en general en los mercados financieros depende en gran medida de un sistema de divulgación preciso que garantice la transparencia en cuanto a la titularidad real y las estructuras de control de las empresas», defendió el Ejecutivo comunitario.
La institución también destacó que «disponer de información precisa y actualizada sobre los titulares reales resulta también crucial para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley».
La apertura del expediente abre un plazo de dos meses para que los Estados miembros afectados comuniquen las medidas que tomarán para corregir las deficiencias. De lo contrario, Bruselas podría pasar a la segunda etapa, el envío de un dictamen motivado, que sería el último paso antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
La apertura del expediente abre un plazo de dos meses para que los Estados miembros afectados comuniquen las medidas que tomarán
La Comisión Europea anunció este viernes la apertura de expedientes a dieciocho Estados miembros, entre ellos España, por retrasarse en la adopción de algunas provisiones de la sexta directiva contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que debían estar aprobados a nivel nacional antes del 10 de julio de este año.
Los países afectados, además de España, son Bélgica, Bulgaria, Chequia, Alemania, Estonia, Grecia, Francia, Croacia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía y Finlandia.
La Comisión informó en un comunicado que estos 18 socios del bloque «no han declarado la transposición completa» de algunos de los artículos esta directiva, por lo que les ha enviado una carta de emplazamiento, que es el primer paso de los procedimientos europeos de infracción que, en última instancia, pueden acabar ante la Justicia europea.
Bruselas subrayó que la normativa «aborda principalmente cuestiones organizativas e institucionales» del marco europeo contra el blanqueo de capitales, así como que la aplicación «gradual» de la misma «es esencial para abordar las deficiencias del sistema financiero de la UE y garantizar que todos los Estados miembros apliquen de manera coherente y eficaz sus normas contra el blanqueo de capitales».
Un plazo de dos meses
«La confianza de los inversores y del público en general en los mercados financieros depende en gran medida de un sistema de divulgación preciso que garantice la transparencia en cuanto a la titularidad real y las estructuras de control de las empresas», defendió el Ejecutivo comunitario.
La institución también destacó que «disponer de información precisa y actualizada sobre los titulares reales resulta también crucial para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley».
La apertura del expediente abre un plazo de dos meses para que los Estados miembros afectados comuniquen las medidas que tomarán para corregir las deficiencias. De lo contrario, Bruselas podría pasar a la segunda etapa, el envío de un dictamen motivado, que sería el último paso antes de elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
20MINUTOS.ES – Internacional
