Cerca de tres millones de paraguayos se despertaron el pasado miércoles con la noticia de que su tarjeta del banco había sido cancelada. Los ahorros de casi la mitad de la población del país habían desaparecido y cuando acudían a sus sucursales todo estaba cerrado. La caída de Ueno Bank, una de las entidades financieras más populares del país y que también guardaba el dinero del propio Estado, ha provocado un escándalo social y político sin precedentes que ha terminado con la renuncia del presidente, Santiago Peña, que mantenía una estrecha relación con este banco, ya que fue accionista de él hasta el año pasado. La desesperación de millones de personas hacía recordar a lo ocurrido a principios de siglo en Argentina con el llamado ‘corralito’, ya que, aunque son muchas las diferencias, como ocurrió con el país vecino, una parte importante de los ciudadanos ha quedado varados de la noche a la mañana sin poder tener acceso a su dinero.
El Banco Central de Paraguay ordenó el pasado 3 de noviembre la intervención y disolución de Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había descendido por debajo de la mitad del mínimo exigido por ley. La entidad atravesaba una delicada situación financiera y ni la reciente inyección de 100 millones de dólares fue suficiente para evitar su colapso. El peso en la sociedad paraguaya de este banco es enorme y cuatro de cada diez personas con operaciones financieras tenían relación con él.
La disolución afectaba a una entidad que tenía alrededor de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. Ueno Bank había incorporado al sistema financiero a numerosos ciudadanos mediante su estrategia de digitalización y bancarización, por lo que buena parte de sus clientes pertenecen a los sectores más vulnerables. Un hecho que provocó que cientos de miles de personas se quedaran sin poder comprar lo más básico y salieran a las calle a exigir responsabilidades.
Y es que Ueno Bank no solo gestionaba los ahorros de millones de paraguayos. La entidad también se había convertido en un importante depositario de fondos públicos desde la llegada de Peña al poder. Entre ellos destaca el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de gestionar las pensiones y la seguridad social de los trabajadores paraguayos, y que mantiene alrededor de 355 millones de dólares depositados en la entidad. A esto se suman los recursos de otras instituciones públicas, como la Administración Nacional de Electricidad y la represa de Itaipú.
Ante el temor a que la crisis se extendiera al conjunto del sistema financiero, las autoridades trataron de transmitir tranquilidad a los afectados y anunciaron que estaban revisando los saldos de cada cliente para calcular cuánto dinero se podrá recuperar. Las estimaciones oficiales apuntan a que el 97% de los depositantes tendría ahorros por debajo de los 38.000 dólares, lo que permitiría que sean cubiertos por el fondo de garantía. No obstante, hay unos 87.000 clientes, entre ellos empresas que deben pagar nóminas, que superarían ese límite. Otra de las soluciones planteadas es el traslado de los depósitos a otras entidades bancarias para agilizar su restitución. Sin embargo, las garantías ofrecidas no consiguieron disipar la incertidumbre y, aunque algunos afectados comenzarán a recibir en los próximos días este fondo de garantía, todavía no queda claro qué ocurrirá con las empresas grandes y los fondos públicos, así como con las pensiones.
Un caso con dimensión política
La crisis de Ueno Bank ha terminado convirtiéndose en un escándalo político por los vínculos que mantenía con las más altas esferas del poder paraguayo. La relación de Santiago Peña con la entidad se remonta a sus orígenes, cuando todavía no había llegado a la Presidencia. El mandatario fue accionista del Grupo Vázquez, propietario del banco, junto a su hermano, y no se desprendió de su participación hasta marzo de 2025, cuando ya habían comenzado a conocerse las primeras sospechas sobre las irregularidades financieras y llevaba siendo presidente varios años. Sin embargo, incluso después de abandonar el accionariado, Peña continuó mostrando públicamente su respaldo a la entidad.
El crecimiento del banco fue especialmente rápido y estuvo acompañado de una agresiva estrategia comercial, con importantes campañas publicitarias y patrocinios deportivos y culturales. En pocos años consiguió atraer a millones de clientes y hacerse con una parte significativa de los depósitos públicos, sobre todo durante los años de Peña en el poder. Para facilitar su acceso a estos recursos, se modificaron los requisitos de calificación exigidos a las entidades financieras, que pasaron de 70 a 60 puntos poco después de la creación de Ueno. También se cuestionó que el banco obtuviera autorización para gestionar fondos vinculados a jubilaciones y pensiones cuando todavía tenía una trayectoria muy corta.
Las sospechas también alcanzaron al organismo encargado de supervisar el sistema financiero. Carlos Carvallo, que presidía el Banco Central desde 2023, ha dimitido tras el escándalo, ya que antes de tener este puesto dirigió Financiera Ueno, la entidad de la que surgió el banco. A ello se suman las denuncias sobre créditos millonarios concedidos a empresas del grupo empresarial y a familiares del presidente, entre ellos su cuñada. La oposición considera que estas conexiones deben investigarse para determinar si existieron responsabilidades políticas o un trato de favor hacia la entidad.
Es por ello que la crisis ha escalado rápidamente en la arena política y se presentó este jueves una moción de juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones y posibles responsabilidades en el escándalo financiero. Aunque a primera hora del jueves no estaba claro si habría apoyo suficiente para este juicio, a media mañana el líder del Partido Colorado, la formación de Peña, el expresidente Horacio Cartes, apoyó la iniciativa argumentando que era necesario «encauzar la institucionalidad de la República». Para sacar adelante la acusación y remitir al Senado el inicio del juicio político, la Cámara de Diputados necesitaba reunir al menos 53 de los 80 votos, algo que finalmente ocurrió con 78 votos a favor y ninguno en contra. Fue mientras la votación se daba en el Parlamento cuando Peña anunció su renuncia.
Según medios paraguayos, esta decisión permitía a Peña mantener sus fueros políticos para no ser detenido, ya que se convertía automáticamente en senador vitalicio. Ya entrada la tarde, la votación que tenía que darse en el Senado para aceptar la renuncia se frenó al no haber quórum por parte del oficialismo, lo que frenaba la proclamación del vicepresidente como nuevo jefe de Estado y llevaba a juicio político a Piñera este viernes.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación contra el ya expresidente, mientras que varios directivos de la entidad, incluido su máximo responsable, fueron detenidos e imputados por su presunta participación en las irregularidades. La renuncia y posterior rechazo por el Senado ha frenado su salida del Gobierno y habrá que ver como avanza un caso que ha sumido en la incertidumbre a un país que había conseguido cierta estabilidad económica en los últimos años.
La caída de Ueno Bank, entidad financiera de la que el presidente paraguayo era accionista hasta el año pasado, ha provocado que la mitad del país no pueda acceder a su dinero.
Cerca de tres millones de paraguayos se despertaron el pasado miércoles con la noticia de que su tarjeta del banco había sido cancelada. Los ahorros de casi la mitad de la población del país habían desaparecido y cuando acudían a sus sucursales todo estaba cerrado. La caída de Ueno Bank, una de las entidades financieras más populares del país y que también guardaba el dinero del propio Estado, ha provocado un escándalo social y político sin precedentes que ha terminado con la renuncia del presidente, Santiago Peña, que mantenía una estrecha relación con este banco, ya que fue accionista de él hasta el año pasado. La desesperación de millones de personas hacía recordar a lo ocurrido a principios de siglo en Argentina con el llamado ‘corralito’, ya que, aunque son muchas las diferencias, como ocurrió con el país vecino, una parte importante de los ciudadanos ha quedado varados de la noche a la mañana sin poder tener acceso a su dinero.
El Banco Central de Paraguay ordenó el pasado 3 de noviembre la intervención y disolución de Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había descendido por debajo de la mitad del mínimo exigido por ley. La entidad atravesaba una delicada situación financiera y ni la reciente inyección de 100 millones de dólares fue suficiente para evitar su colapso. El peso en la sociedad paraguaya de este banco es enorme y cuatro de cada diez personas con operaciones financieras tenían relación con él.
La disolución afectaba a una entidad que tenía alrededor de 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. Ueno Bank había incorporado al sistema financiero a numerosos ciudadanos mediante su estrategia de digitalización y bancarización, por lo que buena parte de sus clientes pertenecen a los sectores más vulnerables. Un hecho que provocó que cientos de miles de personas se quedaran sin poder comprar lo más básico y salieran a las calle a exigir responsabilidades.
Y es que Ueno Bank no solo gestionaba los ahorros de millones de paraguayos. La entidad también se había convertido en un importante depositario de fondos públicos desde la llegada de Peña al poder. Entre ellos destaca el Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de gestionar las pensiones y la seguridad social de los trabajadores paraguayos, y que mantiene alrededor de 355 millones de dólares depositados en la entidad. A esto se suman los recursos de otras instituciones públicas, como la Administración Nacional de Electricidad y la represa de Itaipú.
Ante el temor a que la crisis se extendiera al conjunto del sistema financiero, las autoridades trataron de transmitir tranquilidad a los afectados y anunciaron que estaban revisando los saldos de cada cliente para calcular cuánto dinero se podrá recuperar. Las estimaciones oficiales apuntan a que el 97% de los depositantes tendría ahorros por debajo de los 38.000 dólares, lo que permitiría que sean cubiertos por el fondo de garantía. No obstante, hay unos 87.000 clientes, entre ellos empresas que deben pagar nóminas, que superarían ese límite. Otra de las soluciones planteadas es el traslado de los depósitos a otras entidades bancarias para agilizar su restitución. Sin embargo, las garantías ofrecidas no consiguieron disipar la incertidumbre y, aunque algunos afectados comenzarán a recibir en los próximos días este fondo de garantía, todavía no queda claro qué ocurrirá con las empresas grandes y los fondos públicos, así como con las pensiones.
La crisis de Ueno Bank ha terminado convirtiéndose en un escándalo político por los vínculos que mantenía con las más altas esferas del poder paraguayo. La relación de Santiago Peña con la entidad se remonta a sus orígenes, cuando todavía no había llegado a la Presidencia. El mandatario fue accionista del Grupo Vázquez, propietario del banco, junto a su hermano, y no se desprendió de su participación hasta marzo de 2025, cuando ya habían comenzado a conocerse las primeras sospechas sobre las irregularidades financieras y llevaba siendo presidente varios años. Sin embargo, incluso después de abandonar el accionariado, Peña continuó mostrando públicamente su respaldo a la entidad.
El crecimiento del banco fue especialmente rápido y estuvo acompañado de una agresiva estrategia comercial, con importantes campañas publicitarias y patrocinios deportivos y culturales. En pocos años consiguió atraer a millones de clientes y hacerse con una parte significativa de los depósitos públicos, sobre todo durante los años de Peña en el poder. Para facilitar su acceso a estos recursos, se modificaron los requisitos de calificación exigidos a las entidades financieras, que pasaron de 70 a 60 puntos poco después de la creación de Ueno. También se cuestionó que el banco obtuviera autorización para gestionar fondos vinculados a jubilaciones y pensiones cuando todavía tenía una trayectoria muy corta.
Las sospechas también alcanzaron al organismo encargado de supervisar el sistema financiero. Carlos Carvallo, que presidía el Banco Central desde 2023, ha dimitido tras el escándalo, ya que antes de tener este puesto dirigió Financiera Ueno, la entidad de la que surgió el banco. A ello se suman las denuncias sobre créditos millonarios concedidos a empresas del grupo empresarial y a familiares del presidente, entre ellos su cuñada. La oposición considera que estas conexiones deben investigarse para determinar si existieron responsabilidades políticas o un trato de favor hacia la entidad.
Es por ello que la crisis ha escalado rápidamente en la arena política y se presentó este jueves una moción de juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones y posibles responsabilidades en el escándalo financiero. Aunque a primera hora del jueves no estaba claro si habría apoyo suficiente para este juicio, a media mañana el líder del Partido Colorado, la formación de Peña, el expresidente Horacio Cartes, apoyó la iniciativa argumentando que era necesario «encauzar la institucionalidad de la República». Para sacar adelante la acusación y remitir al Senado el inicio del juicio político, la Cámara de Diputados necesitaba reunir al menos 53 de los 80 votos, algo que finalmente ocurrió con 78 votos a favor y ninguno en contra. Fue mientras la votación se daba en el Parlamento cuando Peña anunció su renuncia.
Según medios paraguayos, esta decisión permitía a Peña mantener sus fueros políticos para no ser detenido, ya que se convertía automáticamente en senador vitalicio. Ya entrada la tarde, la votación que tenía que darse en el Senado para aceptar la renuncia se frenó al no haber quórum por parte del oficialismo, lo que frenaba la proclamación del vicepresidente como nuevo jefe de Estado y llevaba a juicio político a Piñera este viernes.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación contra el ya expresidente, mientras que varios directivos de la entidad, incluido su máximo responsable, fueron detenidos e imputados por su presunta participación en las irregularidades. La renuncia y posterior rechazo por el Senado ha frenado su salida del Gobierno y habrá que ver como avanza un caso que ha sumido en la incertidumbre a un país que había conseguido cierta estabilidad económica en los últimos años.
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