Hay momentos en los que el pasado y el presente se encuentran con una claridad imposible de ignorar. Para mí, uno de esos momentos fue el 24 de enero, durante el acto de conmemoración del 49º aniversario del asesinato de los Abogados de Atocha. Allí, en el auditorio de Comisiones Obreras, recibí un reconocimiento por la lucha de las mujeres afganas, en representación de la organización Esperanza de Libertad.
Antes de la entrega del premio se proyectó un documental que recorría la historia del movimiento obrero y el papel de CCOO en la resistencia contra la dictadura. Un relato de clandestinidad, persecución, cárcel y asesinatos, pero también de dignidad, solidaridad y coraje colectivo. Escuchar a Nati Camacho, histórica sindicalista y feminista, fue escuchar la voz de una generación que se negó a aceptar el miedo como destino. Sus palabras recordaban que la libertad nunca ha sido gratuita y que cada derecho conquistado tuvo un coste humano. No pude contener las lágrimas.
Mientras veía ese documental, pensé inevitablemente en Afganistán. En las mujeres que desde hace más de cuatro años viven privadas de educación, de trabajo y de libertad de movimiento. En las niñas expulsadas de las escuelas, en las profesionales borradas del espacio público, en las madres obligadas a vivir encerradas. Lo que ocurre hoy en Afganistán no es una cuestión cultural ni religiosa: es un sistema de apartheid de género que condena a millones de mujeres a una vida sin derechos.
El momento más simbólico del acto fue recibir el premio de manos de Cristina Almeida y de José María Benavides, hermano de uno de los abogados asesinados en 1977. Ese gesto condensaba una fuerza histórica difícil de expresar: la memoria de quienes dieron su vida por la libertad en España reconociendo la lucha de mujeres que hoy resisten en Afganistán.
Recibir este reconocimiento de manos de Cristina Almeida tuvo para mí un significado especial. No solo por su trayectoria como abogada y defensora de los derechos humanos, sino por la coherencia de una vida dedicada a la justicia social. Cristina pertenece a una generación de mujeres que abrieron camino en un contexto profundamente hostil, que entendieron el feminismo como una práctica política inseparable de la democracia. Su presencia ese día fue un recordatorio de que la memoria no es nostalgia, sino una herramienta para sostener las luchas del presente.
Quiero subrayar también el papel de la Fundación Abogados de Atocha, que no solo preserva la memoria de las víctimas, sino que decidió dar voz a la lucha de las mujeres afganas. Ese gesto de reconocimiento establece un puente ético entre la historia de la resistencia democrática en España y la batalla actual por los derechos de las mujeres en Afganistán. La defensa de la dignidad humana no entiende de fronteras ni de silencios selectivos.
La democracia no es un regalo eterno, sino una conquista frágil que hay que defender cada día
Durante el acto estuvieron presentes otras luchas que dialogan directamente con la nuestra. Las mujeres saharauis, que desde hace décadas resisten el exilio, la ocupación y el olvido internacional, recordaron que la injusticia prolongada también es una forma de violencia. Como las mujeres afganas, saben lo que significa vivir con derechos suspendidos y con un futuro permanentemente aplazado.
La presencia de las Madres de Plaza de Mayo aportó otra dimensión internacional a la memoria. Ellas enseñaron al mundo que la constancia puede derrotar al silencio y que la memoria, cuando se convierte en acción colectiva, puede abrir caminos de justicia incluso frente a la impunidad más brutal.
Ese día se volvió a nombrar a quienes fueron asesinados por defender la libertad. Los abogados laboralistas Francisco Javier Sauquillo, Luis Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez Leal y Enrique Valdelvira no son solo nombres del pasado: representan el precio que muchas personas pagaron para que hoy existan derechos y libertades.
España entiende esta lucha porque la ha vivido. Sabe lo que significa una dictadura, la persecución política y la negación sistemática de derechos. Sabe que la democracia no es un regalo eterno, sino una conquista frágil que hay que defender cada día. Por eso, el pueblo español —sus sindicatos, sus feministas, sus defensores de derechos humanos— comprende que los derechos no se conceden: se conquistan.
Hoy pedimos algo claro y urgente: que la comunidad internacional reconozca el apartheid de género en Afganistán. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras millones de mujeres viven como prisioneras en su propio país. El silencio nunca es neutral; siempre favorece al opresor.
Atocha nos enseñó que la memoria puede convertirse en motor de cambio. Afganistán necesita ahora esa misma valentía política y moral. Porque sin justicia no hay futuro, y sin mujeres no hay democracia posible
Atocha nos enseñó que la memoria puede ser motor de cambio. Afganistán necesita esa misma valentía. Porque sin justicia no hay futuro, y sin mujeres no hay democracia posible.
Hay momentos en los que el pasado y el presente se encuentran con una claridad imposible de ignorar. Para mí, uno de esos momentos fue el 24 de enero, durante el acto de conmemoración del 49º aniversario del asesinato de los Abogados de Atocha. Allí, en el auditorio de Comisiones Obreras, recibí un reconocimiento por la lucha de las mujeres afganas, en representación de la organización Esperanza de Libertad.
Antes de la entrega del premio se proyectó un documental que recorría la historia del movimiento obrero y el papel de CCOO en la resistencia contra la dictadura. Un relato de clandestinidad, persecución, cárcel y asesinatos, pero también de dignidad, solidaridad y coraje colectivo. Escuchar a Nati Camacho, histórica sindicalista y feminista, fue escuchar la voz de una generación que se negó a aceptar el miedo como destino. Sus palabras recordaban que la libertad nunca ha sido gratuita y que cada derecho conquistado tuvo un coste humano. No pude contener las lágrimas.
Mientras veía ese documental, pensé inevitablemente en Afganistán. En las mujeres que desde hace más de cuatro años viven privadas de educación, de trabajo y de libertad de movimiento. En las niñas expulsadas de las escuelas, en las profesionales borradas del espacio público, en las madres obligadas a vivir encerradas. Lo que ocurre hoy en Afganistán no es una cuestión cultural ni religiosa: es un sistema de apartheid de género que condena a millones de mujeres a una vida sin derechos.
El momento más simbólico del acto fue recibir el premio de manos de Cristina Almeida y de José María Benavides, hermano de uno de los abogados asesinados en 1977. Ese gesto condensaba una fuerza histórica difícil de expresar: la memoria de quienes dieron su vida por la libertad en España reconociendo la lucha de mujeres que hoy resisten en Afganistán.
Recibir este reconocimiento de manos de Cristina Almeida tuvo para mí un significado especial. No solo por su trayectoria como abogada y defensora de los derechos humanos, sino por la coherencia de una vida dedicada a la justicia social. Cristina pertenece a una generación de mujeres que abrieron camino en un contexto profundamente hostil, que entendieron el feminismo como una práctica política inseparable de la democracia. Su presencia ese día fue un recordatorio de que la memoria no es nostalgia, sino una herramienta para sostener las luchas del presente.
Quiero subrayar también el papel de la Fundación Abogados de Atocha, que no solo preserva la memoria de las víctimas, sino que decidió dar voz a la lucha de las mujeres afganas. Ese gesto de reconocimiento establece un puente ético entre la historia de la resistencia democrática en España y la batalla actual por los derechos de las mujeres en Afganistán. La defensa de la dignidad humana no entiende de fronteras ni de silencios selectivos.
La democracia no es un regalo eterno, sino una conquista frágil que hay que defender cada día
Durante el acto estuvieron presentes otras luchas que dialogan directamente con la nuestra. Las mujeres saharauis, que desde hace décadas resisten el exilio, la ocupación y el olvido internacional, recordaron que la injusticia prolongada también es una forma de violencia. Como las mujeres afganas, saben lo que significa vivir con derechos suspendidos y con un futuro permanentemente aplazado.
La presencia de las Madres de Plaza de Mayo aportó otra dimensión internacional a la memoria. Ellas enseñaron al mundo que la constancia puede derrotar al silencio y que la memoria, cuando se convierte en acción colectiva, puede abrir caminos de justicia incluso frente a la impunidad más brutal.
Ese día se volvió a nombrar a quienes fueron asesinados por defender la libertad. Los abogados laboralistas Francisco Javier Sauquillo, Luis Javier Benavides Orgaz, Serafín Holgado, Ángel Rodríguez Leal y Enrique Valdelvira no son solo nombres del pasado: representan el precio que muchas personas pagaron para que hoy existan derechos y libertades.
España entiende esta lucha porque la ha vivido. Sabe lo que significa una dictadura, la persecución política y la negación sistemática de derechos. Sabe que la democracia no es un regalo eterno, sino una conquista frágil que hay que defender cada día. Por eso, el pueblo español —sus sindicatos, sus feministas, sus defensores de derechos humanos— comprende que los derechos no se conceden: se conquistan.
Hoy pedimos algo claro y urgente: que la comunidad internacional reconozca el apartheid de género en Afganistán. No se puede seguir mirando hacia otro lado mientras millones de mujeres viven como prisioneras en su propio país. El silencio nunca es neutral; siempre favorece al opresor.
Atocha nos enseñó que la memoria puede convertirse en motor de cambio. Afganistán necesita ahora esa misma valentía política y moral. Porque sin justicia no hay futuro, y sin mujeres no hay democracia posible
20MINUTOS.ES – Internacional
