La UE buscaba este martes un acuerdo para limitar el comercio con los asentamientos ilegales en Cisjordania y no lo ha conseguido: el veto alemán ha impedido la unanimidad, que reclaman otros como Italia o los Bálticos, aunque Roma ha dejado claro que está a favor de que se tomen medidas. Otros socios como España o Irlanda abogan por un bloqueo total de los intercambios. Con todo, no se ha encontrado consenso para ninguna de las tres vías que había puesto la Comisión Europea encima de la mesa a los países: una prohibición total o parcial de importaciones de productos con origen en los asentamientos, licencias más estrictas o el posible recurso a aranceles.
«Los ministros han estado de acuerdo en que estos asentamientos son ilegales, y las medidas que se tomen serán contra los asentamientos, no contra Israel», matizó en rueda de prensa la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, que, eso sí, reconoció los pocos avances: «Actuar contra el comercio con los asentamientos es la opción que ha recibido más apoyo de los Estados miembros. Hemos pedido a los embajadores que adelanten en ese trabajo, que profundicen en ello, y es muy posible que celebremos una reunión extraordinaria para abordar esta cuestión».
Esas palabras llegaron después de que Alemania enfriara el acuerdo. Su ministro de Exteriores, Johann Wadephul pidió centrar los esfuerzos en que el diálogo con Israel sea efectivo, desmarcándose de un escenario de escalada comercial, y asegurando que cualquier decisión exige de unanimidad entre los 27, algo que también recordó el titular de la diplomacia italiana, Antonio Tajani. «Es una decisión política», sostuvo, y aseguró que su Gobierno no está en contra de ella siempre que haya consenso; esa misma cautela la mostraron otros países como Lituania.
Más rotundo fue el Gobierno español. «España hace ya mucho tiempo ha prohibido su importación de manera bilateral a nivel nacional. La Unión Europea tiene que hacerlo. Hay un papel con varias opciones pero yo creo que no ha lugar para opciones«, comentó José Manuel Albares ya antes de la cumbre. España, de hecho, quiere llevar la voz cantante en este asunto. «Hay una opinión desde el año 2024, una opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia que dice muy claramente que es ilegal el comercio con productos que provengan de esos asentamientos», resaltó el ministro de Exteriores.
«Por lo tanto la posición de España es clara, lo hemos hecho, lo hemos plasmado en nuestra legislación nacional. Estamos junto al derecho internacional y la legalidad internacional y por lo tanto creemos que lo que tiene que hacerse es prohibir ese comercio con los asentamientos ilegales y con productos que provengan de esos asentamientos ilegales», sentenció, y definió la situación, igual que Kallas, de «insostenible». La estonia, además, reconoció que el plan de paz para Gaza «no ese está aplicando».
En esa misma línea hay otros socios como Irlanda, Portugal o Luxemburgo, cuyo jefe de la diplomacia, Xavier Bettel, consideró «vergonzoso» que se sigan sin tomar decisiones sobre el tema. «No es porque no se haya pedido. Hemos insistido, insistido e insistido», espetó y recordó que si bien las sanciones exigen unanimidad, basta con una mayoría cualificada para implementar limitaciones comerciales. «Portugal siempre ha defendido esa posición», recordó su ministro de Exteriores, Paulo Rangel.
Albares, de hecho, tuvo un análisis más amplio. «No podemos permitir que en Oriente Medio se instale una guerra perpetua y que la única forma que tenga Israel de relacionarse con los distintos pueblos y países de Oriente Medio sea a través de la guerra. Europa tiene que alzar su voz», reiteró, algo que compartió en cierto modo la Alta Representante en rueda de prensa, pero más con el foco puesto en la guerra de Irán. «Está en un ciclo peligroso de ataques, contraataques, y los ataques de Irán a buques comerciales, son un atentado contra el derecho internacional y contra el memorando de entendimiento. Antes del conflicto, el estrecho de Ormuz estaba abierto a la navegación sin peajes. Tras el conflicto tiene que seguir siendo así», expuso sobre las últimas escaladas entre EEUU y Teherán.
En cuanto a Ucrania, la Unión Europea y Reino Unido han impuesto este lunes sanciones coordinadas contra una veintena de personas y entidades señaladas por ejecutar ciberataques desde Moscú sobre diversos lugares de Europa, pero además también por injerencias en procesos electorales y otras maniobras cibernéticas. Mediante un paquete de medidas restrictivas, se ha puesto en la diana a 24 individuos y organizaciones acusados de socavar la estabilidad democrática y de orquestar operaciones de espionaje y sabotaje que han afectado a naciones como Francia, Alemania y Finlandia. Esta respuesta coordinada busca frenar una estrategia de desestabilización sistemática que las autoridades europeas rastrean desde hace más de una década, explican en el comunicado conjunto.
«Esta es nuestra mayor ronda de designaciones individuales desde la invasión a gran escala de Moscú en 2022, e incluye también el mayor paquete de sanciones cibernéticas de la UE hasta la fecha. El núcleo financiero de la máquina bélica de Rusia es el principal objetivo. Cada medida debilita la capacidad de Moscú para hacer la guerra», recogió la propia Kallas.
Uno de los episodios más alarmantes citados en esta acción conjunta fue el intento de colapsar el suministro eléctrico en Polonia durante los meses de invierno, una acción atribuida directamente a células operativas del Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso que puso en riesgo a medio millón de civiles. Según los informes del Consejo de la UE, estas maniobras no son incidentes aislados, sino parte de un patrón de infiltración en infraestructuras críticas y redes gubernamentales de diversos estados miembros.
Kallas ha pedido más trabajo en esa línea a los gobiernos y avisa de que el plan de paz en Gaza «está paralizado»; España quiere un bloqueo total de los intercambios y otros países como Italia reclaman «unanimidad».
La UE buscaba este martes un acuerdo para limitar el comercio con los asentamientos ilegales en Cisjordania y no lo ha conseguido: el veto alemán ha impedido la unanimidad, que reclaman otros como Italia o los Bálticos, aunque Roma ha dejado claro que está a favor de que se tomen medidas. Otros socios como España o Irlanda abogan por un bloqueo total de los intercambios. Con todo, no se ha encontrado consenso para ninguna de las tres vías que había puesto la Comisión Europea encima de la mesa a los países: una prohibición total o parcial de importaciones de productos con origen en los asentamientos, licencias más estrictas o el posible recurso a aranceles.
«Los ministros han estado de acuerdo en que estos asentamientos son ilegales, y las medidas que se tomen serán contra los asentamientos, no contra Israel», matizó en rueda de prensa la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, que, eso sí, reconoció los pocos avances: «Actuar contra el comercio con los asentamientos es la opción que ha recibido más apoyo de los Estados miembros. Hemos pedido a los embajadores que adelanten en ese trabajo, que profundicen en ello, y es muy posible que celebremos una reunión extraordinaria para abordar esta cuestión».
Esas palabras llegaron después de que Alemania enfriara el acuerdo. Su ministro de Exteriores, Johann Wadephul pidió centrar los esfuerzos en que el diálogo con Israel sea efectivo, desmarcándose de un escenario de escalada comercial, y asegurando que cualquier decisión exige de unanimidad entre los 27, algo que también recordó el titular de la diplomacia italiana, Antonio Tajani. «Es una decisión política», sostuvo, y aseguró que su Gobierno no está en contra de ella siempre que haya consenso; esa misma cautela la mostraron otros países como Lituania.
Más rotundo fue el Gobierno español. «España hace ya mucho tiempo ha prohibido su importación de manera bilateral a nivel nacional. La Unión Europea tiene que hacerlo. Hay un papel con varias opciones pero yo creo que no ha lugar para opciones«, comentó José Manuel Albares ya antes de la cumbre. España, de hecho, quiere llevar la voz cantante en este asunto. «Hay una opinión desde el año 2024, una opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia que dice muy claramente que es ilegal el comercio con productos que provengan de esos asentamientos», resaltó el ministro de Exteriores.
«Por lo tanto la posición de España es clara, lo hemos hecho, lo hemos plasmado en nuestra legislación nacional. Estamos junto al derecho internacional y la legalidad internacional y por lo tanto creemos que lo que tiene que hacerse es prohibir ese comercio con los asentamientos ilegales y con productos que provengan de esos asentamientos ilegales», sentenció, y definió la situación, igual que Kallas, de «insostenible». La estonia, además, reconoció que el plan de paz para Gaza «no ese está aplicando».
En esa misma línea hay otros socios como Irlanda, Portugal o Luxemburgo, cuyo jefe de la diplomacia, Xavier Bettel, consideró «vergonzoso» que se sigan sin tomar decisiones sobre el tema. «No es porque no se haya pedido. Hemos insistido, insistido e insistido», espetó y recordó que si bien las sanciones exigen unanimidad, basta con una mayoría cualificada para implementar limitaciones comerciales. «Portugal siempre ha defendido esa posición», recordó su ministro de Exteriores, Paulo Rangel.
Albares, de hecho, tuvo un análisis más amplio. «No podemos permitir que en Oriente Medio se instale una guerra perpetua y que la única forma que tenga Israel de relacionarse con los distintos pueblos y países de Oriente Medio sea a través de la guerra. Europa tiene que alzar su voz», reiteró, algo que compartió en cierto modo la Alta Representante en rueda de prensa, pero más con el foco puesto en la guerra de Irán. «Está en un ciclo peligroso de ataques, contraataques, y los ataques de Irán a buques comerciales, son un atentado contra el derecho internacional y contra el memorando de entendimiento. Antes del conflicto, el estrecho de Ormuz estaba abierto a la navegación sin peajes. Tras el conflicto tiene que seguir siendo así», expuso sobre las últimas escaladas entre EEUU y Teherán.
En cuanto a Ucrania, la Unión Europea y Reino Unido han impuesto este lunes sanciones coordinadas contra una veintena de personas y entidades señaladas por ejecutar ciberataques desde Moscú sobre diversos lugares de Europa, pero además también por injerencias en procesos electorales y otras maniobras cibernéticas. Mediante un paquete de medidas restrictivas, se ha puesto en la diana a 24 individuos y organizaciones acusados de socavar la estabilidad democrática y de orquestar operaciones de espionaje y sabotaje que han afectado a naciones como Francia, Alemania y Finlandia. Esta respuesta coordinada busca frenar una estrategia de desestabilización sistemática que las autoridades europeas rastrean desde hace más de una década, explican en el comunicado conjunto.
«Esta es nuestra mayor ronda de designaciones individuales desde la invasión a gran escala de Moscú en 2022,e incluye también el mayor paquete de sanciones cibernéticas de la UE hasta la fecha.El núcleo financiero de la máquina bélica de Rusia es el principal objetivo. Cada medida debilita la capacidad de Moscú para hacer la guerra», recogió la propia Kallas.
Uno de los episodios más alarmantes citados en esta acción conjunta fue el intento de colapsar el suministro eléctrico en Polonia durante los meses de invierno, una acción atribuida directamente a células operativas del Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso que puso en riesgo a medio millón de civiles. Según los informes del Consejo de la UE, estas maniobras no son incidentes aislados, sino parte de un patrón de infiltración en infraestructuras críticas y redes gubernamentales de diversos estados miembros.
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