El régimen talibán cumple cinco años en el poder este sábado desde que, en 2021, retomaron el control de Afganistán tras la apresurada salida del contingente estadounidense y occidental que había tutelado una república desde 2004.
En este último lustro, mujeres y niñas han visto restringidos de forma progresiva derechos fundamentales como la educación, la libertad de movimiento, el acceso al empleo, la participación en la vida pública y la atención sanitaria, según denuncian Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos.
Con motivo de este aniversario, Amnistía Internacional, Entreculturas y Mundo Cooperante han expresado su «profunda preocupación y condena» por el deterioro continuado de los derechos de las mujeres y las niñas afganas, al considerar que las restricciones impuestas por las autoridades talibanas «configuran un sistema de discriminación institucionalizada por razón de género».
Las organizaciones han denunciado la exclusión de las niñas de la educación secundaria y universitaria, las limitaciones a la libertad de movimiento, participación y expresión de las mujeres y los obstáculos para acceder al mercado laboral y a la vida pública. A su juicio, estas medidas «forman parte de un proceso de erosión sistemática de derechos que se ha intensificado en los últimos años».
En la misma línea, expertos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó este viernes de que «la normalización internacional de las autoridades talibanas de facto» continúa pese al endurecimiento de las restricciones impuestas a la población, especialmente a mujeres y niñas.
«Cinco años pueden ser un periodo corto en la vida de un país, pero es un periodo largo en la vida de un niño», señalaron los expertos de la ONU. «Una generación de niñas ha sido privada de la educación secundaria. Una niña que cursaba sexto grado cuando comenzó la prohibición está alcanzando la edad adulta sin haber vuelto a pasar un solo día en la escuela».
Los relatores de la ONU recordaron además el testimonio de una joven afgana que afirmó que «han pasado cinco años desde que me privaron de mi educación» y que resulta «profundamente deprimente» sentirse atrapada en la misma situación que entonces.
Un «apartheid de género», según la ONU
Los expertos de Naciones Unidas sostienen que la privación deliberada y sistemática de derechos fundamentales que sufren las mujeres afganas «constituye un crimen contra la humanidad por motivos de género» y puede caracterizarse como un sistema de «apartheid de género». Por ello, reclamaron a los Estados que «impulsen el reconocimiento de esta figura como un delito específico en el derecho internacional».
Asimismo, denunciaron nuevos decretos aprobados por las autoridades talibán que «refuerzan la discriminación contra mujeres y niñas». Entre ellos figura «una norma que dificulta la salida de matrimonios forzados» y otra que, según las ONGs de derechos humanos, «reconoce de facto matrimonios concertados durante la infancia y aumenta el control de los tutores masculinos sobre las decisiones matrimoniales».
Amnistía Internacional, Entreculturas y Mundo Cooperante alertaron de que el matrimonio infantil y forzado «no puede entenderse de forma aislada, ya que está estrechamente relacionado con la exclusión educativa, la pobreza, la falta de protección y la ausencia de oportunidades para que las niñas desarrollen un proyecto de vida propio».
Más de un tercio de los afganos pasan hambre
A la situación de los derechos humanos se suma una grave crisis humanitaria. Según los expertos de la ONU, más de 17 millones de afganos, más de un tercio de la población, sufrieron inseguridad alimentaria aguda durante el último invierno y cerca de 4 millones de niños padecen desnutrición aguda.
Los relatores también denunciaron casos de mujeres que han sido rechazadas en centros sanitarios por la forma de vestir o por no ir acompañadas de un tutor masculino, así como el encarcelamiento de al menos 30 mujeres y niñas en Herat en junio de este año por supuestas infracciones del código de vestimenta impuesto por los talibanes.
Además, advirtieron de un incremento de las medidas represivas y de los castigos públicos. Según la ONU, en 2025 fueron azotadas públicamente más personas que en todos los años anteriores de gobierno talibán juntos.
Llamamiento internacional para presionar al régimen
Ante esta situación, las tres asociaciones humanitarias reclamaron a la comunidad internacional «que incremente la presión diplomática sobre las autoridades talibanas y exija la derogación de todas las normas discriminatorias, la protección efectiva de los derechos humanos y el restablecimiento del Estado de derecho en Afganistán».
Por su parte, los expertos de Naciones Unidas pidieron «reforzar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas y reclamaron apoyo para la Corte Penal Internacional y para el nuevo Mecanismo Independiente de Investigación sobre Afganistán».
«No debe haber pasos hacia la normalización de las autoridades talibanas de facto sin avances demostrables y medibles en materia de derechos humanos, especialmente para mujeres y niñas», subrayaron los expertos, quienes advirtieron de que la comunidad internacional no puede volver a «abandonar» a la población afgana tras cinco años de violaciones sistemáticas de sus derechos.
En este último lustro, mujeres y niñas han visto restringidos de forma progresiva derechos fundamentales, según denuncian Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos.
El régimen talibán cumple cinco años en el poder este sábado desde que, en 2021, retomaron el control de Afganistán tras la apresurada salida del contingente estadounidense y occidental que había tutelado una república desde 2004.
En este último lustro, mujeres y niñas han visto restringidos de forma progresiva derechos fundamentales como la educación, la libertad de movimiento, el acceso al empleo, la participación en la vida pública y la atención sanitaria, según denuncian Naciones Unidas y varias organizaciones de derechos humanos.
Con motivo de este aniversario, Amnistía Internacional, Entreculturas y Mundo Cooperante han expresado su «profunda preocupación y condena» por el deterioro continuado de los derechos de las mujeres y las niñas afganas, al considerar que las restricciones impuestas por las autoridades talibanas «configuran un sistema de discriminación institucionalizada por razón de género».
Las organizaciones han denunciado la exclusión de las niñas de la educación secundaria y universitaria, las limitaciones a la libertad de movimiento, participación y expresión de las mujeres y los obstáculos para acceder al mercado laboral y a la vida pública. A su juicio, estas medidas «forman parte de un proceso de erosión sistemática de derechos que se ha intensificado en los últimos años».
En la misma línea, expertos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) alertó este viernes de que «la normalización internacional de las autoridades talibanas de facto» continúa pese al endurecimiento de las restricciones impuestas a la población, especialmente a mujeres y niñas.
«Cinco años pueden ser un periodo corto en la vida de un país, pero es un periodo largo en la vida de un niño», señalaron los expertos de la ONU. «Una generación de niñas ha sido privada de la educación secundaria. Una niña que cursaba sexto grado cuando comenzó la prohibición está alcanzando la edad adulta sin haber vuelto a pasar un solo día en la escuela».
Los relatores de la ONU recordaron además el testimonio de una joven afgana que afirmó que «han pasado cinco años desde que me privaron de mi educación» y que resulta «profundamente deprimente» sentirse atrapada en la misma situación que entonces.
Un «apartheid de género», según la ONU
Los expertos de Naciones Unidas sostienen que la privación deliberada y sistemática de derechos fundamentales que sufren las mujeres afganas «constituye un crimen contra la humanidad por motivos de género» y puede caracterizarse como un sistema de «apartheid de género». Por ello, reclamaron a los Estados que «impulsen el reconocimiento de esta figura como un delito específico en el derecho internacional».
Asimismo, denunciaron nuevos decretos aprobados por las autoridades talibán que «refuerzan la discriminación contra mujeres y niñas». Entre ellos figura «una norma que dificulta la salida de matrimonios forzados» y otra que, según las ONGs de derechos humanos, «reconoce de facto matrimonios concertados durante la infancia y aumenta el control de los tutores masculinos sobre las decisiones matrimoniales».
Amnistía Internacional, Entreculturas y Mundo Cooperante alertaron de que el matrimonio infantil y forzado «no puede entenderse de forma aislada, ya que está estrechamente relacionado con la exclusión educativa, la pobreza, la falta de protección y la ausencia de oportunidades para que las niñas desarrollen un proyecto de vida propio».
Más de un tercio de los afganos pasan hambre
A la situación de los derechos humanos se suma una grave crisis humanitaria. Según los expertos de la ONU, más de 17 millones de afganos, más de un tercio de la población, sufrieron inseguridad alimentaria aguda durante el último invierno y cerca de 4 millones de niños padecen desnutrición aguda.
Los relatores también denunciaron casos de mujeres que han sido rechazadas en centros sanitarios por la forma de vestir o por no ir acompañadas de un tutor masculino, así como el encarcelamiento de al menos 30 mujeres y niñas en Herat en junio de este año por supuestas infracciones del código de vestimenta impuesto por los talibanes.
Además, advirtieron de un incremento de las medidas represivas y de los castigos públicos. Según la ONU, en 2025 fueron azotadas públicamente más personas que en todos los años anteriores de gobierno talibán juntos.
Llamamiento internacional para presionar al régimen
Ante esta situación, las tres asociaciones humanitarias reclamaron a la comunidad internacional «que incremente la presión diplomática sobre las autoridades talibanas y exija la derogación de todas las normas discriminatorias, la protección efectiva de los derechos humanos y el restablecimiento del Estado de derecho en Afganistán».
Por su parte, los expertos de Naciones Unidas pidieron «reforzar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas y reclamaron apoyo para la Corte Penal Internacional y para el nuevo Mecanismo Independiente de Investigación sobre Afganistán».
«No debe haber pasos hacia la normalización de las autoridades talibanas de facto sin avances demostrables y medibles en materia de derechos humanos, especialmente para mujeres y niñas», subrayaron los expertos, quienes advirtieron de que la comunidad internacional no puede volver a «abandonar» a la población afgana tras cinco años de violaciones sistemáticas de sus derechos.
20MINUTOS.ES – Internacional
