Bruselas no tiene un plan claro de seguridad nuclear: no hay controles ni supervisión, ni un rumbo estratégico claro en un momento en el que el continente parece reiniciar su estrategia nuclear de la mano de Francia, junto a un grupo de socios que abogan por un paraguas europeo en esta área. No obstante, queda mucho por hacer y así lo ve el Tribunal de Cuentas Europeo según un informe publicado este jueves.
El organismo resume que desde 2014, la UE ha asignado alrededor de 600 millones de euros en subvenciones a países socios destinados a formación, equipos, infraestructura, conocimientos especializados y rehabilitación, y ha facilitado un préstamo de 300 millones de euros para la mejora de la seguridad de centrales nucleares en Ucrania. Pero las cifras por sí solas no hacen nada, y falta un plan consolidado.
El Tribunal lanza varios avisos a la Comisión Europea. Para empezar, dicen en el informe, una estrategia concreta serviría «para determinar los ámbitos en los que la acción de la UE podría añadir más valor teniendo en cuenta iniciativas de otros actores». Además, establecería claramente los objetivos del Ejecutivo comunitario, la ayuda financiera que tiene previsto utilizar y las partes interesadas que deberían participar, en referencia por ejemplo al papel de Ucrania u otros países en localizaciones estratégicas. Ahora mismo, alerta el Tribunal de Cuentas, no existen orientaciones estratégicas para todos los instrumentos de que dispone la Comisión, entre los que se cuentan las subvenciones y los préstamos.
Por otro lado, recogen, la Comisión debería mejorar el proceso de selección de las acciones financiadas por la UE. Aunque sus actividades respondían a las necesidades, las propuestas de países terceros «no se seleccionaban con la debida transparencia, al no existir una puntuación o una clasificación«. Así es difícil garantizar que la financiación de la UE se asignara donde pudiera aportar mayor valor. Por ejemplo, las pruebas indican que algunas acciones relacionadas con Asia Central e Irán, aunque abordaban algunos riesgos específicos para la seguridad nuclear, estuvieron motivadas primordialmente «por consideraciones geopolíticas más amplias», expone el documento.
En tercer lugar, concluyen los auditores, las actividades financiadas por la UE a menudo sufrieron retrasos y, en algunos casos, sobrecostes. Así ocurrió sobre todo en los trabajos de construcción y rehabilitación a gran escala. «Aunque los costes más elevados pueden deberse en parte a su complejidad, también influyeron los persistentes déficits de financiación y la falta de incentivos al rendimiento; además, siguen existiendo riesgos para la sostenibilidad a largo plazo de algunas actividades», expresan. Por último, en varios aspectos, la Comisión podría haber hecho más por supervisar «cómo se gestionaban las actividades financiadas».
Y Kiev está en el foco porque un caso destacado para el Tribunal es el préstamo de 300 millones de euros para financiar un programa de gran escala llevado a cabo por el operador de centrales nucleares en Ucrania. «La Comisión decidió delegar en terceros la supervisión, y desembolsó el préstamo sin tener garantías de que los fondos financiarían exclusivamente gastos relativos al programa soportados y pagados por el prestatario», sentencian.
«Si algo tenemos claro acerca de la seguridad nuclear es que más vale prevenir que curar», sostiene Marek Opioła, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo que ha dirigido esta auditoría. «La UE, que sigue siendo un importante actor global en cooperación internacional en materia de seguridad nuclear, debería trazar una estrategia integral y actualizada que guíe su cooperación y mejore la selección y supervisión de las acciones financiadas por la Unión», termina.
Es la conclusión que saca el Tribunal de Cuentas Europeo, que critica también cómo se han otorgado 300 millones de ayuda a Ucrania en este sentido.
Bruselas no tiene un plan claro de seguridad nuclear: no hay controles ni supervisión, ni un rumbo estratégico claro en un momento en el que el continente parece reiniciar su estrategia nuclear de la mano de Francia, junto a un grupo de socios que abogan por un paraguas europeo en esta área. No obstante, queda mucho por hacer y así lo ve el Tribunal de Cuentas Europeo según un informe publicado este jueves.
El organismo resume que desde 2014, la UE ha asignado alrededor de 600 millones de euros en subvenciones a países socios destinados a formación, equipos, infraestructura, conocimientos especializados y rehabilitación, y ha facilitado un préstamo de 300 millones de euros para la mejora de la seguridad de centrales nucleares en Ucrania. Pero las cifras por sí solas no hacen nada, y falta un plan consolidado.
El Tribunal lanza varios avisos a la Comisión Europea. Para empezar, dicen en el informe, una estrategia concreta serviría «para determinar los ámbitos en los que la acción de la UE podría añadir más valor teniendo en cuenta iniciativas de otros actores». Además, establecería claramente los objetivos del Ejecutivo comunitario, la ayuda financiera que tiene previsto utilizar y las partes interesadas que deberían participar, en referencia por ejemplo al papel de Ucrania u otros países en localizaciones estratégicas. Ahora mismo, alerta el Tribunal de Cuentas, no existen orientaciones estratégicas para todos los instrumentos de que dispone la Comisión, entre los que se cuentan las subvenciones y los préstamos.
Por otro lado, recogen, la Comisión debería mejorar el proceso de selección de las acciones financiadas por la UE. Aunque sus actividades respondían a las necesidades, las propuestas de países terceros «no se seleccionaban con la debida transparencia, al no existir una puntuación o una clasificación«. Así es difícil garantizar que la financiación de la UE se asignara donde pudiera aportar mayor valor. Por ejemplo, las pruebas indican que algunas acciones relacionadas con Asia Central e Irán, aunque abordaban algunos riesgos específicos para la seguridad nuclear, estuvieron motivadas primordialmente «por consideraciones geopolíticas más amplias», expone el documento.
En tercer lugar, concluyen los auditores, las actividades financiadas por la UE a menudo sufrieron retrasos y, en algunos casos, sobrecostes. Así ocurrió sobre todo en los trabajos de construcción y rehabilitación a gran escala. «Aunque los costes más elevados pueden deberse en parte a su complejidad, también influyeron los persistentes déficits de financiación y la falta de incentivos al rendimiento; además, siguen existiendo riesgos para la sostenibilidad a largo plazo de algunas actividades», expresan. Por último, en varios aspectos, la Comisión podría haber hecho más por supervisar «cómo se gestionaban las actividades financiadas».
Y Kiev está en el foco porque un caso destacado para el Tribunal es el préstamo de 300 millones de euros para financiar un programa de gran escala llevado a cabo por el operador de centrales nucleares en Ucrania. «La Comisión decidió delegar en terceros la supervisión, y desembolsó el préstamo sin tener garantías de que los fondos financiarían exclusivamente gastos relativos al programa soportados y pagados por el prestatario», sentencian.
«Si algo tenemos claro acerca de la seguridad nuclear es que más vale prevenir que curar», sostiene Marek Opioła, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo que ha dirigido esta auditoría. «La UE, que sigue siendo un importante actor global en cooperación internacional en materia de seguridad nuclear, debería trazar una estrategia integral y actualizada que guíe su cooperación y mejore la selección y supervisión de las acciones financiadas por la Unión», termina.
20MINUTOS.ES – Internacional
