El pago de impuestos es casi tan antiguo como la civilización misma, pudiendo encontrar que ya en el antiguo Egipto se cobraban tributos sobre cosechas, ganado o trabajo, siendo los escribas quienes se encargaban de registrar cada contribución.
En Roma, el censo servía no solo para contar a los ciudadanos, sino también para determinar cuánto debía aportar cada uno al Estado según su riqueza y posición social. Durante la Edad Media, los impuestos mayoritariamente se recaudaban en especie y con frecuencia fue motivo de enfrentamientos entre reinos, nobles y campesinos.
A lo largo de la historia, los sistemas fiscales han ido evolucionado, pero la idea central ha sido siempre la misma y su fin es mantener la estructura del poder político y financiar los servicios esenciales.
El antecedente más claro se encuentra en Gran Bretaña, donde en 1799, en plena guerra contra Napoleón, el primer ministro William Pitt estableció un impuesto sobre la renta con el fin de financiar el conflicto. Era una medida temporal, pensada solo para tiempos de guerra, pero acabó sentando las bases del sistema moderno. A diferencia de impuestos anteriores, que eran indirectos (como los aplicados al consumo), este gravaba directamente los ingresos personales.
En España, el impuesto sobre la renta se instauró oficialmente en 1900, bajo el gobierno de Francisco Silvela y con Raimundo Fernández Villaverde como ministro de Hacienda. Sin embargo, no fue hasta la llegada de la democracia, cuando se implantó el modelo actual de declaración de la Renta individual, progresiva y anual, tal y como la conocemos. Fue entonces cuando surgió con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), establecido por ley tras la aprobación de la Constitución de 1978. Se buscaba implantar un sistema más justo, en el que cada ciudadano contribuyera según su capacidad económica.
La primera campaña del IRPF comenzó en 1979, marcando el inicio de un modelo que, aunque ha cambiado con los años, sigue siendo esencial para financiar la sanidad, la educación, las pensiones y otros servicios públicos.
Aunque no despierte simpatías, la Renta es un pilar fundamental del sistema fiscal y de los servicios públicos.
El pago de impuestos es casi tan antiguo como la civilización misma, pudiendo encontrar que ya en el antiguo Egipto se cobraban tributos sobre cosechas, ganado o trabajo, siendo los escribas quienes se encargaban de registrar cada contribución.
En Roma, el censo servía no solo para contar a los ciudadanos, sino también para determinar cuánto debía aportar cada uno al Estado según su riqueza y posición social. Durante la Edad Media, los impuestos mayoritariamente se recaudaban en especie y con frecuencia fue motivo de enfrentamientos entre reinos, nobles y campesinos.
A lo largo de la historia, los sistemas fiscales han ido evolucionado, pero la idea central ha sido siempre la misma y su fin es mantener la estructura del poder político y financiar los servicios esenciales.
El antecedente más claro se encuentra en Gran Bretaña, donde en 1799, en plena guerra contra Napoleón, el primer ministro William Pitt estableció un impuesto sobre la renta con el fin de financiar el conflicto. Era una medida temporal, pensada solo para tiempos de guerra, pero acabó sentando las bases del sistema moderno. A diferencia de impuestos anteriores, que eran indirectos (como los aplicados al consumo), este gravaba directamente los ingresos personales.
En España, el impuesto sobre la renta se instauró oficialmente en 1900, bajo el gobierno de Francisco Silvela y con Raimundo Fernández Villaverde como ministro de Hacienda. Sin embargo, no fue hasta la llegada de la democracia, cuando se implantó el modelo actual de declaración de la Renta individual, progresiva y anual, tal y como la conocemos. Fue entonces cuando surgió con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), establecido por ley tras la aprobación de la Constitución de 1978. Se buscaba implantar un sistema más justo, en el que cada ciudadano contribuyera según su capacidad económica.
La primera campaña del IRPF comenzó en 1979, marcando el inicio de un modelo que, aunque ha cambiado con los años, sigue siendo esencial para financiar la sanidad, la educación, las pensiones y otros servicios públicos.
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