Venezuela ha experimentado en las últimas semanas acontecimientos que nadie se imaginaba a un ritmo frenético. Tras un ataque quirúrgico, EEUU capturó el 3 de enero a Nicolás Maduro y descabezó al chavismo, que este 2 de febrero cumplió 27 años en el poder. Delcy Rodríguez se convirtió en la sucesora de Maduro y en la cooperadora de Washington, con quien negocia acuerdos petroleros multimillonarios. La Ley de Hidrocarburos del expresidente Hugo Chávez ha sido reformada y el régimen ha comenzado a mostrar señales de ‘apertura’ (o de aparente obediencia a EEUU) al anunciar una amnistía para los presos políticos del chavismo.
Independientemente de que los leales a Maduro continúen en el poder y al mando de todas las instituciones y fuerzas de seguridad del Estado, esa madrugada de la que este martes se cumple un mes marcó un antes y un después en la historia del país. Hasta ese día, resultaba impensable que el régimen sustituyera las liberaciones individuales de presos políticos por una amnistía general a todas las personas que han detenido desde 1999 por motivos políticos. Tampoco se pensaba que los ciudadanos volverían a salir a la calle para protestar por la libertad de estos detenidos, cuyas familias se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de los centros de reclusión desde que el régimen anunció las liberaciones.
De acuerdo con Rodríguez, que ha negado estar bajo las órdenes de EEUU pero que también ha asegurado que Washington le dio 15 minutos tras la captura de Maduro para cumplir con lo que le pedía si no quería morir, la amnistía tiene fines conciliadores. En concreto, «reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia y el extremismo, reencauzar la justicia y la convivencia». El encargado de diseñar y ejecutar esta medida, que todavía no ha sido aprobada, será el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Se trata de la misma persona que siempre ha defendido la Ley contra el Odio, aquella con la que se ha justificado la detención de personas que han publicado mensajes contrarios al régimen en redes sociales.
Rodríguez también anunció este fin de semana el cierre de El Helicoide, el temido centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) donde —según la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU— se tortura a los opositores al régimen. De acuerdo con la sucesora de Maduro y también ministra de Hidrocarburos, El Helicoide se convertirá en un «centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto». Estas palabras se han producido después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, asegurara el 6 de enero que el régimen estaba clausurando «una cámara de torturas» ubicada en el centro de Caracas.
El régimen chavista ha cifrado este lunes en 895 el número de presos políticos liberados, dato que continúa siendo alejado de los facilitados por las ONG. De acuerdo con Foro Penal, que lleva un registro de los presos políticos, 344 personas han sido liberadas desde que el chavismo anunció la excarcelación de «un número importante» de personas el pasado 8 de enero. Un total de 687 personas continúan encarceladas, según el último balance de la organización. La oposición ha denunciado por su parte que el régimen sigue aplicando el mecanismo de puerta giratoria. Se trata de un término acuñado para explicar el sistema mediante el cual se libera a algunas personas mientras detiene a otras.
La censura también sigue presente y fue evidente hace unos días, cuando el canal de televisión privado Venevisión informó de la reunión entre la líder de la oposición María Corina Machado y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. Minutos después de comunicar sobre el encuentro, Diosdado Cabello amenazó públicamente al canal y después se retiró la señal de las plataformas digitales estatales.
El petróleo también ha sido un tema central tras la captura de Maduro. Desde el principio, EEUU dejó claras sus intenciones de controlar la venta de crudo venezolano como parte de su plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— que aplica sobre Caracas tras el 3 de enero. Sin embargo, el hecho de que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y EEUU hayan alcanzado un acuerdo para la exportación de crudo por valor de 2.000 millones de dólares no significa que Washington no haya seguido presionando a Caracas por la fuerza. Muestra de ello han sido la incautación en aguas del mar Caribe del petrolero Sagitta, que se produjo el 20 de enero, y los continuos ataques a narcolanchas.
Pero la cuestión del petróleo venezolano ha ido más allá. Estados Unidos ha emitido una licencia general que permite algunas transacciones con el crudo después de que Donald Trump se reuniera hace casi tres semanas con una veintena de empresas petroleras y a las que le pidió invertir 1.000 millones en el país caribeño. Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado la reforma de la Ley de Hidrocarburos de Hugo Chávez, que permitirá abrir la puerta a la inversión privada en el sector. Por otro lado, la embajadora estadounidense Laura Dogu ya ha llegado a Caracas para reabrir la misión diplomática de EEUU en Venezuela, cerrada desde 2019 tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
La realidad de los venezolanos
A pesar de los cambios que han ocurrido, la situación en el país continúa igual y la gente intenta seguir adelante con su vida. El salario mínimo se sitúa en 0,40 céntimos de dólar, algo que ni siquiera alcanza para comprar una barra de pan. Además, los precios continúan al alza, tal y como han denunciado los propios venezolanos en redes sociales. En vídeos difundidos en TikTok, se observa a los ciudadanos acudiendo a farmacias y supermercados, en donde 1 kilo de leche en polvo puede llegar a costar cerca de 20 dólares y un desodorante hasta 10.
«El tema de la seguridad, la relación entre las fuerzas de seguridad y el ciudadano se ha puesto heavy. En las noches la ciudad está sola, por lo menos hacia mi zona. A las 20.30 ya ni siquiera hay carros [coches] por la calle. No pasan carros a pesar de que tengo un supermercado gigante cerca», afirma a 20minutos María (nombre ficticio), que reside en Caracas. De acuerdo con ella, el régimen continúa realizado «revisiones» en busca de posibles detractores.
«Hay alcabalas [controles policiales] extrañas. Los que paran a las personas para revisarlas tienen pasamontañas, entonces uno no sabe si son de la policía o si son los colectivos [paramilitares chavistas]», explica esta ciudadana tras afirmar que los hombres del régimen incluso se suben al transporte público, sobre todo en zonas populares de la capital, para hacer revisiones. «Yo si veo un policía, huyo por la derecha. No me acerco, cruzo la calle si tengo que hacerlo», confiesa.
«Siguen revisando los móviles. Eso sí que sigue ocurriendo. Todo el mundo limpia los teléfonos por si acaso», indica por su parte Isabel (nombre ficticio), que reside en Madrid pero continúa en comunicación con allegados que viven en Caracas. «La gente habla en grupos pequeños», añade por su parte María antes de afirmar que a pesar de eso las personas siguen teniendo esperanzas. «Ya se sabe que esto no tiene vuelta atrás. La gente sabe que esto terminará por caer pronto», sentencia.
De la captura de Maduro a la amnistía a los presos políticos: el mes que cambió la historia de Venezuela
Venezuela ha experimentado en las últimas semanas acontecimientos que nadie se imaginaba a un ritmo frenético. Tras un ataque quirúrgico, EEUU capturó el 3 de enero a Nicolás Maduro y descabezó al chavismo, que este 2 de febrero cumplió 27 años en el poder. Delcy Rodríguez se convirtió en la sucesora de Maduro y en la cooperadora de Washington, con quien negocia acuerdos petroleros multimillonarios. La Ley de Hidrocarburos del expresidente Hugo Chávez ha sido reformada y el régimen ha comenzado a mostrar señales de ‘apertura’ (o de aparente obediencia a EEUU) al anunciar una amnistía para los presos políticos del chavismo.
Independientemente de que los leales a Maduro continúen en el poder y al mando de todas las instituciones y fuerzas de seguridad del Estado, esa madrugada de la que este martes se cumple un mes marcó un antes y un después en la historia del país. Hasta ese día, resultaba impensable que el régimen sustituyera las liberaciones individuales de presos políticos por una amnistía general a todas las personas que han detenido desde 1999 por motivos políticos. Tampoco se pensaba que los ciudadanos volverían a salir a la calle para protestar por la libertad de estos detenidos, cuyas familias se han mantenido en vigilia permanente a las afueras de los centros de reclusión desde que el régimen anunció las liberaciones.
De acuerdo con Rodríguez, que ha negado estar bajo las órdenes de EEUU pero que también ha asegurado que Washington le dio 15 minutos tras la captura de Maduro para cumplir con lo que le pedía si no quería morir, la amnistía tiene fines conciliadores. En concreto, «reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia y el extremismo, reencauzar la justicia y la convivencia». El encargado de diseñar y ejecutar esta medida, que todavía no ha sido aprobada, será el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Se trata de la misma persona que siempre ha defendido la Ley contra el Odio, aquella con la que se ha justificado la detención de personas que han publicado mensajes contrarios al régimen en redes sociales.
Rodríguez también anunció este fin de semana el cierre de El Helicoide, el temido centro de detención operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) donde —según la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU— se tortura a los opositores al régimen. De acuerdo con la sucesora de Maduro y también ministra de Hidrocarburos, El Helicoide se convertirá en un «centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto». Estas palabras se han producido después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, asegurara el 6 de enero que el régimen estaba clausurando «una cámara de torturas» ubicada en el centro de Caracas.
El régimen chavista ha cifrado este lunes en 895 el número de presos políticos liberados, dato que continúa siendo alejado de los facilitados por las ONG. De acuerdo con Foro Penal, que lleva un registro de los presos políticos, 344 personas han sido liberadas desde que el chavismo anunció la excarcelación de «un número importante» de personas el pasado 8 de enero. Un total de 687 personas continúan encarceladas, según el último balance de la organización. La oposición ha denunciado por su parte que el régimen sigue aplicando el mecanismo de puerta giratoria. Se trata de un término acuñado para explicar el sistema mediante el cual se libera a algunas personas mientras detiene a otras.
La censura también sigue presente y fue evidente hace unos días, cuando el canal de televisión privado Venevisión informó de la reunión entre la líder de la oposición María Corina Machado y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. Minutos después de comunicar sobre el encuentro, Diosdado Cabello amenazó públicamente al canal y después se retiró la señal de las plataformas digitales estatales.
El petróleo también ha sido un tema central tras la captura de Maduro. Desde el principio, EEUU dejó claras sus intenciones de controlar la venta de crudo venezolano como parte de su plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— que aplica sobre Caracas tras el 3 de enero. Sin embargo, el hecho de que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y EEUU hayan alcanzado un acuerdo para la exportación de crudo por valor de 2.000 millones de dólares no significa que Washington no haya seguido presionando a Caracas por la fuerza. Muestra de ello han sido la incautación en aguas del mar Caribe del petrolero Sagitta, que se produjo el 20 de enero, y los continuos ataques a narcolanchas.
Pero la cuestión del petróleo venezolano ha ido más allá. Estados Unidos ha emitido una licencia general que permite algunas transacciones con el crudo después de que Donald Trump se reuniera hace casi tres semanas con una veintena de empresas petroleras y a las que le pidió invertir 1.000 millones en el país caribeño. Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado la reforma de la Ley de Hidrocarburos de Hugo Chávez, que permitirá abrir la puerta a la inversión privada en el sector. Por otro lado, la embajadora estadounidense Laura Dogu ya ha llegado a Caracas para reabrir la misión diplomática de EEUU en Venezuela, cerrada desde 2019 tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.
La realidad de los venezolanos
A pesar de los cambios que han ocurrido, la situación en el país continúa igual y la gente intenta seguir adelante con su vida. El salario mínimo se sitúa en 0,40 céntimos de dólar, algo que ni siquiera alcanza para comprar una barra de pan. Además, los precios continúan al alza, tal y como han denunciado los propios venezolanos en redes sociales. En vídeos difundidos en TikTok, se observa a los ciudadanos acudiendo a farmacias y supermercados, en donde 1 kilo de leche en polvo puede llegar a costar cerca de 20 dólares y un desodorante hasta 10.
«El tema de la seguridad, la relación entre las fuerzas de seguridad y el ciudadano se ha puesto heavy. En las noches la ciudad está sola, por lo menos hacia mi zona. A las 20.30 ya ni siquiera hay carros [coches] por la calle. No pasan carros a pesar de que tengo un supermercado gigante cerca», afirma a 20minutos María (nombre ficticio), que reside en Caracas. De acuerdo con ella, el régimen continúa realizado «revisiones» en busca de posibles detractores.
«Hay alcabalas [controles policiales] extrañas. Los que paran a las personas para revisarlas tienen pasamontañas, entonces uno no sabe si son de la policía o si son los colectivos [paramilitares chavistas]», explica esta ciudadana tras afirmar que los hombres del régimen incluso se suben al transporte público, sobre todo en zonas populares de la capital, para hacer revisiones. «Yo si veo un policía, huyo por la derecha. No me acerco, cruzo la calle si tengo que hacerlo», confiesa.
«Siguen revisando los móviles. Eso sí que sigue ocurriendo. Todo el mundo limpia los teléfonos por si acaso», indica por su parte Isabel (nombre ficticio), que reside en Madrid pero continúa en comunicación con allegados que viven en Caracas. «La gente habla en grupos pequeños», añade por su parte María antes de afirmar que a pesar de eso las personas siguen teniendo esperanzas. «Ya se sabe que esto no tiene vuelta atrás. La gente sabe que esto terminará por caer pronto», sentencia.
20MINUTOS.ES – Internacional
