Estados Unidos y una decena de países aliados han lanzado este viernes una alerta conjunta dirigida a gobiernos, empresas y plataformas digitales sobre la actividad de trabajadores informáticos vinculados a Corea del Norte que presuntamente lograrían acceder —mediante identidades falsas— a empleos remotos cuyos ingresos terminan financiando los programas armamentísticos de Pyongyang.
La advertencia ha sido suscrita por autoridades de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda y Reino Unido, que denuncian que el régimen norcoreano mantiene una red de especialistas en tecnologías de la información (TI) desplegados tanto dentro como fuera del país para obtener recursos destinados a sus programas ilegales de armas nucleares y misiles balísticos.
Según los firmantes, estos trabajadores recurren habitualmente a la suplantación de identidad de ciudadanos de terceros países para acceder a contratos a través de plataformas privadas de contratación y prestación de servicios. El objetivo final consiste en remitir los salarios percibidos a organismos estatales norcoreanos.
Las autoridades han señalado además que estas personas representan un riesgo para las organizaciones que las contratan, ya que pueden aprovechar su acceso a los sistemas corporativos para sustraer información sensible, filtrar datos o cometer robos de criptomonedas.
Asimismo, han advertido de que sus métodos son cada vez más sofisticados gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial que facilitan ocultar su identidad y ampliar el alcance de sus operaciones.
Los gobiernos de estos países han recordado que en los últimos años ya han emitido diversas advertencias sobre esta amenaza, entre ellas la Declaración Conjunta sobre los Trabajadores Informáticos Norcoreanos, firmada por Japón, Estados Unidos y Corea del Sur en agosto de 2025, así como el segundo informe del Equipo Multilateral de Monitoreo de Sanciones (EMMS), publicado en octubre del mismo año, sobre las vulneraciones de las sanciones internacionales por parte de Pyongyang mediante actividades cibernéticas y el empleo de trabajadores informáticos.
En este contexto, han asegurado que continuarán reforzando la vigilancia y las acciones para combatir estas actividades.
Los países firmantes han recordado además que la Resolución 2397 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas obliga, salvo excepciones, a repatriar a los ciudadanos norcoreanos que obtengan ingresos en territorio de los Estados miembros. También han subrayado que la contratación de estos actores puede vulnerar la legislación nacional de algunos países —como Japón, Estados Unidos o Corea del Sur— y derivar en sanciones económicas o responsabilidades legales.
La alerta también ha puesto el foco en la situación financiera de Corea del Norte, recordando que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene al país en su lista de jurisdicciones de alto riesgo, y ha insistido en la aplicación de sanciones financieras para impedir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Pese a ello, el documento apunta que Pyongyang ha logrado incrementar su acceso al sistema financiero internacional mediante distintos mecanismos de obtención de ingresos, entre ellos las redes de trabajadores informáticos utilizados para sostener sus programas militares.
Ante esta situación, los gobiernos firmantes han instado «a todos los países, empresas y demás entidades a profundizar en el conocimiento de las tramas de captación de trabajadores informáticos en Corea del Norte e implementar medidas para contrarrestar las tácticas que se detallan a continuación».
Entre sus recomendaciones, han pedido a las plataformas de contratación reforzar los controles de verificación de identidad mediante revisiones más exhaustivas de la documentación, entrevistas presenciales cuando sea posible y sistemas capaces de detectar comportamientos anómalos o cuentas sospechosas.
Modus operandi
En la alerta se describe además el modo de actuación de estos trabajadores, que suelen emplear documentos falsificados o identidades facilitadas por terceros para registrarse en plataformas digitales. En muchos casos, recurren a intermediarios para superar entrevistas de trabajo o generar una apariencia de confianza ante potenciales empleadores.
Asimismo, han explicado, suelen rechazar el cobro mediante depósito directo y prefieren recibir los pagos por transferencia bancaria a cuentas de terceros o mediante criptomonedas, utilizando posteriormente complejas redes para trasladar el dinero fuera del país.
Las autoridades han indicado igualmente que estos profesionales cuentan con una elevada cualificación técnica y buscan empleo en ámbitos como el desarrollo web, aplicaciones móviles, programas informáticos o proyectos basados en tecnología blockchain, tanto a través de plataformas especializadas como mediante contratación directa.
Aunque una parte significativa reside en Corea del Norte, China, Rusia y distintos países del sudeste asiático y África, suelen ocultar su ubicación mediante redes privadas virtuales (VPN), servidores proxy, herramientas de acceso remoto o incluso «granjas de portátiles» gestionadas por colaboradores en terceros países, desde donde se conectan a equipos proporcionados por las empresas contratantes para simular que trabajan desde el lugar declarado.
Estos trabajadores recurren a la suplantación de identidad de ciudadanos de terceros países para acceder a contratos a través de plataformas privadas de prestación de servicios.
Estados Unidos y una decena de países aliados han lanzado este viernes una alerta conjunta dirigida a gobiernos, empresas y plataformas digitales sobre la actividad de trabajadores informáticos vinculados a Corea del Norte que presuntamente lograrían acceder —mediante identidades falsas— a empleos remotos cuyos ingresos terminan financiando los programas armamentísticos de Pyongyang.
La advertencia ha sido suscrita por autoridades de Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Nueva Zelanda y Reino Unido, que denuncian que el régimen norcoreano mantiene una red de especialistas en tecnologías de la información (TI) desplegados tanto dentro como fuera del país para obtener recursos destinados a sus programas ilegales de armas nucleares y misiles balísticos.
Según los firmantes, estos trabajadores recurren habitualmente a la suplantación de identidad de ciudadanos de terceros países para acceder a contratos a través de plataformas privadas de contratación y prestación de servicios. El objetivo final consiste en remitir los salarios percibidos a organismos estatales norcoreanos.
Las autoridades han señalado además que estas personas representan un riesgo para las organizaciones que las contratan, ya que pueden aprovechar su acceso a los sistemas corporativos para sustraer información sensible, filtrar datos o cometer robos de criptomonedas.
Asimismo, han advertido de que sus métodos son cada vez más sofisticados gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial que facilitan ocultar su identidad y ampliar el alcance de sus operaciones.
Los gobiernos de estos países han recordado que en los últimos años ya han emitido diversas advertencias sobre esta amenaza, entre ellas la Declaración Conjunta sobre los Trabajadores Informáticos Norcoreanos, firmada por Japón, Estados Unidos y Corea del Sur en agosto de 2025, así como el segundo informe del Equipo Multilateral de Monitoreo de Sanciones (EMMS), publicado en octubre del mismo año, sobre las vulneraciones de las sanciones internacionales por parte de Pyongyang mediante actividades cibernéticas y el empleo de trabajadores informáticos.
En este contexto, han asegurado que continuarán reforzando la vigilancia y las acciones para combatir estas actividades.
Los países firmantes han recordado además que la Resolución 2397 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas obliga, salvo excepciones, a repatriar a los ciudadanos norcoreanos que obtengan ingresos en territorio de los Estados miembros. También han subrayado que la contratación de estos actores puede vulnerar la legislación nacional de algunos países —como Japón, Estados Unidos o Corea del Sur— y derivar en sanciones económicas o responsabilidades legales.
La alerta también ha puesto el foco en la situación financiera de Corea del Norte, recordando que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mantiene al país en su lista de jurisdicciones de alto riesgo, y ha insistido en la aplicación de sanciones financieras para impedir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Pese a ello, el documento apunta que Pyongyang ha logrado incrementar su acceso al sistema financiero internacional mediante distintos mecanismos de obtención de ingresos, entre ellos las redes de trabajadores informáticos utilizados para sostener sus programas militares.
Ante esta situación, los gobiernos firmantes han instado «a todos los países, empresas y demás entidades a profundizar en el conocimiento de las tramas de captación de trabajadores informáticos en Corea del Norte e implementar medidas para contrarrestar las tácticas que se detallan a continuación».
Entre sus recomendaciones, han pedido a las plataformas de contratación reforzar los controles de verificación de identidad mediante revisiones más exhaustivas de la documentación, entrevistas presenciales cuando sea posible y sistemas capaces de detectar comportamientos anómalos o cuentas sospechosas.
En la alerta se describe además el modo de actuación de estos trabajadores, que suelen emplear documentos falsificados o identidades facilitadas por terceros para registrarse en plataformas digitales. En muchos casos, recurren a intermediarios para superar entrevistas de trabajo o generar una apariencia de confianza ante potenciales empleadores.
Asimismo, han explicado, suelen rechazar el cobro mediante depósito directo y prefieren recibir los pagos por transferencia bancaria a cuentas de terceros o mediante criptomonedas, utilizando posteriormente complejas redes para trasladar el dinero fuera del país.
Las autoridades han indicado igualmente que estos profesionales cuentan con una elevada cualificación técnica y buscan empleo en ámbitos como el desarrollo web, aplicaciones móviles, programas informáticos o proyectos basados en tecnología blockchain, tanto a través de plataformas especializadas como mediante contratación directa.
Aunque una parte significativa reside en Corea del Norte, China, Rusia y distintos países del sudeste asiático y África, suelen ocultar su ubicación mediante redes privadas virtuales (VPN), servidores proxy, herramientas de acceso remoto o incluso «granjas de portátiles» gestionadas por colaboradores en terceros países, desde donde se conectan a equipos proporcionados por las empresas contratantes para simular que trabajan desde el lugar declarado.
20MINUTOS.ES – Internacional
