«El hecho de que se haya materializado el desalojo de Maricarmen pone a España en una posición imposible para cumplir con sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos», subraya el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, Koldo Casla, en una entrevista este domingo.
Casla explica que con el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años con un 50% de discapacidad, llevado a cabo el pasado 23 de septiembre, España vulneró la medida cautelar ordenada en junio por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) de «suspender el desalojo hasta resolver el fondo del asunto».
«En los juicios es habitual que un juez, un tribunal o un comité ordene cautelarmente algo hasta que resuelve el fondo del asunto. Lo que no es habitual es que se vulnere, y ahora se ha vulnerado», asegura Casla, de nacionalidad española y británica.
Además, recuerda que el derecho a la vivienda en España está reconocido en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, en una serie de tratados internacionales que ha firmado y ratificado: «Hay tratados que son vinculantes para España, que ha firmado y ratificado en ejercicio de su soberanía. No lo tiene por qué hacer y lo ha hecho».
El relator subraya que «nadie obligó a España aceptar este mecanismo, pero lo aceptó», por lo que «como ya (se) ha desalojado a Maricarmen, España ya no puede cumplir con esa orden cautelar y ahí se ha vulnerado el tratado». Y puntualiza que «los tratados ratificados forman parte del ordenamiento jurídico español, es decir, son derecho español, a través de los artículos 10 y 96 de la Constitución».
¿Qué se puede hacer ahora?
De ahora en adelante, ya que «el daño es irreversible, sobre todo para Maricarmen, que ya no vive en su casa», Casla propone varias medidas para evitar «de manera estructural» este tipo de situaciones. En primer lugar, apunta que el hecho de «que la jueza pudiera desahuciar, a pesar de las medidas cautelares del DESC, requiere probablemente», si se quiere evitar que vuelva a ocurrir, emprender «una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial», que es la más importante que utilizan los jueces para sus procedimientos.
El Relator de la ONU también pone el foco en la importancia de cumplir las condiciones derivadas del derecho a la vivienda cuando va a haber un desahucio. Primero, sostiene, se debe garantizar un análisis de proporcionalidad; esto es, realizar un estudio tanto de la situación personal de, en este caso, Maricarmen, como de la empresa que inicia el procedimiento de desahucio, en este caso Urbagestión.
Se debe tener en cuenta la situación personal de quien puede ser desahuciado, «si es mayor, si hay niños, si no hay niños, si hace frío, si no, si hay discapacidad, si no la hay, sus ingresos, el hecho de que es una persona que lleva toda la vida viviendo ahí…», enumera. Y también las circunstancias del arrendador, «porque no se puede tratar igual a un pequeño propietario que necesita unos ingresos del alquiler para vivir que a una gran empresa que está simplemente tratando de maximizar su rentabilidad».
En este caso, para Casla «está claro» que no ha habido un análisis de proporcionalidad, «porque es difícil entender cómo puede primar la rentabilidad de una empresa por encima del derecho a la vivienda de una mujer de 87 años con 1.300 euros de pensión que lleva 70 años viviendo ahí».
Otra condición que se debe cumplir al plantear un desahucio es la alternativa habitacional. El relator de la ONU considera que la residencia de ancianos que se le ofreció a Maricarmen no es «razonable», al margen del coste económico que fuera a tener, ya que «es una mujer que lleva viviendo toda la vida en esa vivienda y que puede valerse por sí misma». Y, por último, Casla habla de la necesidad de una regulación «estricta» de las empresas que se dedican al alquiler.
Para él, debe permitirse únicamente esa compra «con unas condiciones bien estrictas, para asegurarse de que las condiciones de los inquilinos no cambian». «No se puede permitir cualquier tipo de compra especulativa, debe haber una distinción entre pequeño y gran tenedor», algo en lo que España, asegura, ha avanzado mucho en los últimos 15 años, pero todavía «hay mucho en lo que avanzar».
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda ha criticado que España vulnerase la medida cautelar ordenada en junio por un Comité de la ONU para suspender precisamente el desalojo de Maricarmen.
«El hecho de que se haya materializado el desalojo de Maricarmen pone a España en una posición imposible para cumplir con sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos», subraya el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, Koldo Casla, en una entrevista este domingo.
Casla explica que con el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años con un 50% de discapacidad, llevado a cabo el pasado 23 de septiembre, España vulneró la medida cautelar ordenada en junio por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (DESC) de «suspender el desalojo hasta resolver el fondo del asunto».
«En los juicios es habitual que un juez, un tribunal o un comité ordene cautelarmente algo hasta que resuelve el fondo del asunto. Lo que no es habitual es que se vulnere, y ahora se ha vulnerado», asegura Casla, de nacionalidad española y británica.
Además, recuerda que el derecho a la vivienda en España está reconocido en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, en una serie de tratados internacionales que ha firmado y ratificado: «Hay tratados que son vinculantes para España, que ha firmado y ratificado en ejercicio de su soberanía. No lo tiene por qué hacer y lo ha hecho».
El relator subraya que «nadie obligó a España aceptar este mecanismo, pero lo aceptó», por lo que «como ya (se) ha desalojado a Maricarmen, España ya no puede cumplir con esa orden cautelar y ahí se ha vulnerado el tratado». Y puntualiza que «los tratados ratificados forman parte del ordenamiento jurídico español, es decir, son derecho español, a través de los artículos 10 y 96 de la Constitución».
¿Qué se puede hacer ahora?
De ahora en adelante, ya que «el daño es irreversible, sobre todo para Maricarmen, que ya no vive en su casa», Casla propone varias medidas para evitar «de manera estructural» este tipo de situaciones. En primer lugar, apunta que el hecho de «que la jueza pudiera desahuciar, a pesar de las medidas cautelares del DESC, requiere probablemente», si se quiere evitar que vuelva a ocurrir, emprender «una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial», que es la más importante que utilizan los jueces para sus procedimientos.
El Relator de la ONU también pone el foco en la importancia de cumplir las condiciones derivadas del derecho a la vivienda cuando va a haber un desahucio. Primero, sostiene, se debe garantizar un análisis de proporcionalidad; esto es, realizar un estudio tanto de la situación personal de, en este caso, Maricarmen, como de la empresa que inicia el procedimiento de desahucio, en este caso Urbagestión.
Se debe tener en cuenta la situación personal de quien puede ser desahuciado, «si es mayor, si hay niños, si no hay niños, si hace frío, si no, si hay discapacidad, si no la hay, sus ingresos, el hecho de que es una persona que lleva toda la vida viviendo ahí…», enumera. Y también las circunstancias del arrendador, «porque no se puede tratar igual a un pequeño propietario que necesita unos ingresos del alquiler para vivir que a una gran empresa que está simplemente tratando de maximizar su rentabilidad».
En este caso, para Casla «está claro» que no ha habido un análisis de proporcionalidad, «porque es difícil entender cómo puede primar la rentabilidad de una empresa por encima del derecho a la vivienda de una mujer de 87 años con 1.300 euros de pensión que lleva 70 años viviendo ahí».
Otra condición que se debe cumplir al plantear un desahucio es la alternativa habitacional. El relator de la ONU considera que la residencia de ancianos que se le ofreció a Maricarmen no es «razonable», al margen del coste económico que fuera a tener, ya que «es una mujer que lleva viviendo toda la vida en esa vivienda y que puede valerse por sí misma». Y, por último, Casla habla de la necesidad de una regulación «estricta» de las empresas que se dedican al alquiler.
Para él, debe permitirse únicamente esa compra «con unas condiciones bien estrictas, para asegurarse de que las condiciones de los inquilinos no cambian». «No se puede permitir cualquier tipo de compra especulativa, debe haber una distinción entre pequeño y gran tenedor», algo en lo que España, asegura, ha avanzado mucho en los últimos 15 años, pero todavía «hay mucho en lo que avanzar».
20MINUTOS.ES – Internacional
