El relator de la ONU sobre Vivienda, el español Koldo Calsa, ha asegurado este jueves en redes sociales que el desahucio de Maricarmen no debería haberse producido, porque no es justificable, al tiempo que ha reclamado cambios legislativos en España para que la normativa sea más garantista ante estas situaciones. «No hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa», ha explicado en un hilo publicado en Bluesky.
«No debe producirse un desahucio sin alternativa habitacional«, ha añadido, y ha lamentado que no haya «proporcionalidad» en la actual legislación nacional. «Esto significa que todo desahucio que pueda dejar a alguien en la calle debe ser paralizado hasta que el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma ofrezca una alternativa viable y justa», sostuvo en el mismo mensaje.
Al mismo tiempo, Calsa puso el foco en los fondos de inversión que, como en este caso, son los propietarios de algunas viviendas e incluso inmuebles completos. «Un gran tenedor no debería tener permitido cambiar las condiciones de alquiler unilateralmente como paso previo para expulsar a un arrendatario de su vivienda. Si la inversión no es rentable con inquilina dentro, que haga negocio en otra parte», esgrimió en otra parte del hilo.
Calsa ha concluido además que ya existen avisos por parte de Naciones Unidas. Hace unos meses, sentenció, «la ONU decretó medidas cautelares para suspender el desahucio temporalmente», refiriéndose a este caso en concreto. «La jueza debería haberlo hecho para evitar un daño irreparable y para permitir que España cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos de buena fe», terminó el relator.
El español Koldo Casla asegura que la normativa nacional ahora mismo no es garantista ante este tipo de situaciones.
El relator de la ONU sobre Vivienda, el español Koldo Calsa, ha asegurado este jueves en redes sociales que el desahucio de Maricarmen no debería haberse producido, porque no es justificable, al tiempo que ha reclamado cambios legislativos en España para que la normativa sea más garantista ante estas situaciones. «No hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa», ha explicado en un hilo publicado en Bluesky.
«No debe producirse un desahucio sin alternativa habitacional«, ha añadido, y ha lamentado que no haya «proporcionalidad» en la actual legislación nacional. «Esto significa que todo desahucio que pueda dejar a alguien en la calle debe ser paralizado hasta que el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma ofrezca una alternativa viable y justa», sostuvo en el mismo mensaje.
Al mismo tiempo, Calsa puso el foco en los fondos de inversión que, como en este caso, son los propietarios de algunas viviendas e incluso inmuebles completos. «Un gran tenedor no debería tener permitido cambiar las condiciones de alquiler unilateralmente como paso previo para expulsar a un arrendatario de su vivienda. Si la inversión no es rentable con inquilina dentro, que haga negocio en otra parte», esgrimió en otra parte del hilo.
Calsa ha concluido además que ya existen avisos por parte de Naciones Unidas. Hace unos meses, sentenció, «la ONU decretó medidas cautelares para suspender el desahucio temporalmente», refiriéndose a este caso en concreto. «La jueza debería haberlo hecho para evitar un daño irreparable y para permitir que España cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos de buena fe», terminó el relator.
20MINUTOS.ES – Internacional
