La Asamblea Nacional de Francia votó este martes la aprobación definitiva del proyecto de ley de respuesta a la inseguridad cotidiana (Ripost), una controvertida iniciativa que modifica el tratamiento procesal de policías y gendarmes que hagan uso de sus armas de fuego en ejercicio de sus funciones.
La medida, que ya había obtenido el aval del Senado, fue aprobada con 351 votos a favor (de los diputados centristas, de la derecha y la ultraderecha), 179 en contra (de los bloques de la izquierda) y siete abstenciones, a pesar de que había sido objeto de una fuerte oposición ciudadana.
Eso se había materializado en una petición contra el proyecto que logró reunir más de 700.000 firmas, lo que propició un nuevo examen parlamentario del texto.
Coincidiendo con la votación, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió este martes la reforma en un artículo de opinión publicado en el diario Le Monde, donde rechazaba las acusaciones de que la norma establece una presunción de legítima defensa o una mayor impunidad para los agentes.
«Confiar en la policía y la gendarmería nunca significa apartarlas del control del sistema judicial», afirmó el ministro, que sostiene que el texto «no crea ni privilegios ni impunidad«.
Esa es la postura que habían mantenido sobre el texto -impulsado por diputados del bloque gubernamental y modificado por el Ejecutivo- tanto asociaciones de derechos humanos, como sindicatos de magistrados y abogados, por considerar que la iniciativa introduce de facto una presunción favorable a las fuerzas del orden.
En respuesta, Nuñez subrayó que el proyecto no modifica las condiciones legales para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, reguladas desde la ley de 2017 del Código de Seguridad Interior, que autoriza su utilización únicamente en cinco supuestos específicos y siempre bajo los principios de necesidad absoluta y de proporcionalidad.
Para el ministro, la reforma pretende evitar que los agentes sean sometidos automáticamente a detención preventiva por homicidio voluntario tras un disparo cuando, desde un primer momento, existan indicios de que actuaron dentro del marco legal.
En esos casos, podrían ser interrogados inicialmente mediante una comparecencia voluntaria, sin que ello afecte el desarrollo de la investigación judicial.
Se mantendrán en cualquier caso, cuando haya disparos, las investigaciones dirigidas por la autoridad judicial y realizada por la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) o la Inspección General de la Gendarmería Nacional (IGGN), para garantizar los derechos de las víctimas y las facultades de los jueces.
Según datos de la IGPN citados por el propio ministro, desde el cambio legislativo de 2017 aumentó el uso de las armas por parte de la Policía. Los disparos pasaron de 394 en 2017 a 312 en 2018 y se situó en 217 en 2024, por debajo de la media anual registrada entre 2012 y 2024.
Al mismo tiempo, Nuñez destacó el incremento de las negativas a obedecer las órdenes policiales. De acuerdo con el Ministerio del Interior, en 2025 se contabilizaron más de 21.900 negativas simples y 6.200 agravadas, frente a unas 3.900 registradas en 2016.
La ley aprobada este martes también establece otras medidas sancionadoras de infracciones del orden público, como prohibir venta de óxido nitroso a particulares hasta el endurecimiento de las penas por las carreras ilegales en la ciudad.
La Asamblea Nacional da luz verde a la reforma pese a la oposición de la izquierda y de organizaciones de derechos humanos, que denuncian que favorece a los agentes.
La Asamblea Nacional de Francia votó este martes la aprobación definitiva del proyecto de ley de respuesta a la inseguridad cotidiana (Ripost), una controvertida iniciativa que modifica el tratamiento procesal de policías y gendarmes que hagan uso de sus armas de fuego en ejercicio de sus funciones.
La medida, que ya había obtenido el aval del Senado, fue aprobada con 351 votos a favor (de los diputados centristas, de la derecha y la ultraderecha), 179 en contra (de los bloques de la izquierda) y siete abstenciones, a pesar de que había sido objeto de una fuerte oposición ciudadana.
Eso se había materializado en una petición contra el proyecto que logró reunir más de 700.000 firmas, lo que propició un nuevo examen parlamentario del texto.
Coincidiendo con la votación, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió este martes la reforma en un artículo de opinión publicado en el diario Le Monde, donde rechazaba las acusaciones de que la norma establece una presunción de legítima defensa o una mayor impunidad para los agentes.
«Confiar en la policía y la gendarmería nunca significa apartarlas del control del sistema judicial», afirmó el ministro, que sostiene que el texto «no crea ni privilegios ni impunidad«.
Esa es la postura que habían mantenido sobre el texto -impulsado por diputados del bloque gubernamental y modificado por el Ejecutivo- tanto asociaciones de derechos humanos, como sindicatos de magistrados y abogados, por considerar que la iniciativa introduce de facto una presunción favorable a las fuerzas del orden.
En respuesta, Nuñez subrayó que el proyecto no modifica las condiciones legales para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, reguladas desde la ley de 2017 del Código de Seguridad Interior, que autoriza su utilización únicamente en cinco supuestos específicos y siempre bajo los principios de necesidad absoluta y de proporcionalidad.
Para el ministro, la reforma pretende evitar que los agentes sean sometidos automáticamente a detención preventiva por homicidio voluntario tras un disparo cuando, desde un primer momento, existan indicios de que actuaron dentro del marco legal.
En esos casos, podrían ser interrogados inicialmente mediante una comparecencia voluntaria, sin que ello afecte el desarrollo de la investigación judicial.
Se mantendrán en cualquier caso, cuando haya disparos, las investigaciones dirigidas por la autoridad judicial y realizada por la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) o la Inspección General de la Gendarmería Nacional (IGGN), para garantizar los derechos de las víctimas y las facultades de los jueces.
Según datos de la IGPN citados por el propio ministro, desde el cambio legislativo de 2017 aumentó el uso de las armas por parte de la Policía. Los disparos pasaron de 394 en 2017 a 312 en 2018 y se situó en 217 en 2024, por debajo de la media anual registrada entre 2012 y 2024.
Al mismo tiempo, Nuñez destacó el incremento de las negativas a obedecer las órdenes policiales. De acuerdo con el Ministerio del Interior, en 2025 se contabilizaron más de 21.900 negativas simples y 6.200 agravadas, frente a unas 3.900 registradas en 2016.
La ley aprobada este martes también establece otras medidas sancionadoras de infracciones del orden público, como prohibir venta de óxido nitroso a particulares hasta el endurecimiento de las penas por las carreras ilegales en la ciudad.
20MINUTOS.ES – Internacional
