El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció este martes la declaración del estado de emergencia durante 30 días en Lima y en la provincia de Callao para luchar contra la delincuencia organizada, que «ha crecido de manera desmesurada». Tras su entrada en vigor, las fuerzas de seguridad comunicaron el inicio de la operación Destello —que incluye a unidades especiales— y detuvieron a decenas de personas acusadas de pertenecer a bandas criminales. También intervinieron en dos prisiones altamente hacinadas.
El mandatario, que todavía no llega a las dos semanas en el poder tras haber sucedido a la destituida presidenta Dina Boluarte, indicó que la lucha contra el crimen organizado permitirá a su país «recuperar la paz y la tranquilidad». «Las guerras se ganan con acciones y no con palabras», afirmó sin dar más detalles de las medidas que contiene el estado de emergencia declarado por el Gobierno.
Después de la entrada en vigor del estado de emergencia, la Policía Nacional informó de varios operativos. Desarticularon una banda dedicada al robo agravado y al tráfico de drogas y detuvieron a 24 personas, 21 de ellas extranjeras. Además, desarticularon otra banda dedicada al tráfico de sustancias ilícitas.
Por su parte, el ministro de Justicia, Walter Martínez, informó que también se realizaron requisas simultáneas en las prisiones de Lurigancho y Ancón, donde se han «encontrado diversos elementos prohibidos, como armas blancas, celulares, un dispositivo de comunicación por satélite y libretas de apuntes».
¿Qué implica la declaración del estado de emergencia?
De acuerdo al decreto del estado de emergencia publicado en el diario oficial El Peruano, mientras dure esta medida quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un momento donde se están desarrollando una serie de protestas contra el Gobierno y el Congreso por varios motivos, entre ellos la inseguridad.
El estado de emergencia también contempla que las Fuerzas Armadas den apoyo a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado con patrullas en zonas críticas como paraderos, estaciones de metro e instituciones asociadas y otras situaciones de violencia. Policías y militares también custodiarán instituciones públicas e instalarán comandos de campaña temporales.
En las cárceles quedarán limitadas las visitas a presos y estas serán sometidas a un «apagón eléctrico» en las celdas, lo que supone que solo tendrán energía para la iluminación. Además, se desmontarán y destruirán las antenas de telecomunicaciones ilícitas. El decreto emitido por el Gobierno también señala que mientras dure el estado de emergencia se prohíbe que dos personas viajen en una motocicleta.
Paros y movilizaciones
Este estado de emergencia, que ha sido ordenado en los últimos años en varias regiones del país, se ha decretado después de que en Lima se realizaran paros de transportistas y movilizaciones de protesta contra el Ejecutivo y el Congreso para exigir medidas efectivas en la lucha contra el incremento del crimen organizado. Este problema fue uno de los principales motivos que llevaron a la destitución de Dina Boluarte (2022-2025) de la jefatura de Estado el pasado 9 octubre por el pleno del Congreso.
De acuerdo al Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), entre julio y setiembre hubo 575 homicidios en Perú, la cifra más alta de 2025, después de alcanzar un pico de 580 homicidios en el último trimestre del 2024. En el tercer trimestre de 2024, el país superó el umbral de 500 homicidios por trimestre, después de reportar menos de la mitad de esa cifra hasta 2017.
Tras la entrada en vigor de la medida han quedado suspendidos varios derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión.
El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció este martes la declaración del estado de emergencia durante 30 días en Lima y en la provincia de Callao para luchar contra la delincuencia organizada, que «ha crecido de manera desmesurada». Tras su entrada en vigor, las fuerzas de seguridad comunicaron el inicio de la operación Destello —que incluye a unidades especiales— y detuvieron a decenas de personas acusadas de pertenecer a bandas criminales. También intervinieron en dos prisiones altamente hacinadas.
El mandatario, que todavía no llega a las dos semanas en el poder tras haber sucedido a la destituida presidenta Dina Boluarte, indicó que la lucha contra el crimen organizado permitirá a su país «recuperar la paz y la tranquilidad». «Las guerras se ganan con acciones y no con palabras», afirmó sin dar más detalles de las medidas que contiene el estado de emergencia declarado por el Gobierno.
Después de la entrada en vigor del estado de emergencia, la Policía Nacional informó de varios operativos. Desarticularon una banda dedicada al robo agravado y al tráfico de drogas y detuvieron a 24 personas, 21 de ellas extranjeras. Además, desarticularon otra banda dedicada al tráfico de sustancias ilícitas.
Por su parte, el ministro de Justicia, Walter Martínez, informó que también se realizaron requisas simultáneas en las prisiones de Lurigancho y Ancón, donde se han «encontrado diversos elementos prohibidos, como armas blancas, celulares, un dispositivo de comunicación por satélite y libretas de apuntes».
¿Qué implica la declaración del estado de emergencia?
De acuerdo al decreto del estado de emergencia publicado en el diario oficial El Peruano, mientras dure esta medida quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un momento donde se están desarrollando una serie de protestas contra el Gobierno y el Congreso por varios motivos, entre ellos la inseguridad.
El estado de emergencia también contempla que las Fuerzas Armadas den apoyo a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado con patrullas en zonas críticas como paraderos, estaciones de metro e instituciones asociadas y otras situaciones de violencia. Policías y militares también custodiarán instituciones públicas e instalarán comandos de campaña temporales.
En las cárceles quedarán limitadas las visitas a presos y estas serán sometidas a un «apagón eléctrico» en las celdas, lo que supone que solo tendrán energía para la iluminación. Además, se desmontarán y destruirán las antenas de telecomunicaciones ilícitas. El decreto emitido por el Gobierno también señala que mientras dure el estado de emergencia se prohíbe que dos personas viajen en una motocicleta.
Paros y movilizaciones
Este estado de emergencia, que ha sido ordenado en los últimos años en varias regiones del país, se ha decretado después de que en Lima se realizaran paros de transportistas y movilizaciones de protesta contra el Ejecutivo y el Congreso para exigir medidas efectivas en la lucha contra el incremento del crimen organizado. Este problema fue uno de los principales motivos que llevaron a la destitución de Dina Boluarte (2022-2025) de la jefatura de Estado el pasado 9 octubre por el pleno del Congreso.
De acuerdo al Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), entre julio y setiembre hubo 575 homicidios en Perú, la cifra más alta de 2025, después de alcanzar un pico de 580 homicidios en el último trimestre del 2024. En el tercer trimestre de 2024, el país superó el umbral de 500 homicidios por trimestre, después de reportar menos de la mitad de esa cifra hasta 2017.
20MINUTOS.ES – Internacional
