Los saharauis sufren una injusticia histórica desde hace cincuenta años. Su causa ha sido traicionada y olvidada por España, la antigua potencia colonial a pesar de las múltiples y pomposas declaraciones de varios de sus responsables políticos a lo largo del último medio siglo.
El 2 de noviembre de 1975, el entonces príncipe Juan Carlos, visitó el Aaiún como jefe de Estado en funciones y se comprometió a «proteger los legítimos derechos de la población civil saharaui». Días después, se firmaron los Acuerdos de Madrid. España ratificaba su deseo de descolonizar el Sáhara, dejaba de ser la potencia hegemónica y se comprometía a «respetar la opinión de la población saharaui».
Los últimos soldados españoles abandonaron el Sahara el 26 de febrero de 1976. En la nota informativa oficial se insistía en que «la descolonización no culminará en tanto la opinión de la población saharaui no se haya expresado válidamente».
Se ponía fin a más de 90 años de presencia colonial española en el Sáhara, reconvertida en 1934 en una provincia española. Desde 1959, fecha de su independencia, Marruecos empezó a reclamar el territorio como suyo igual que Mauritania. Un movimiento independentista saharaui, el Frente Polisario, se creó en 1973.
En noviembre de 1975, con el dictador Francisco Franco moribundo, 350.000 marroquíes participaron en la llamada Marcha Verde como forma de presionar a España que provocó una salida rápida de nuestro país y el inicio de una guerra de guerrillas.
Una fecha clave fue el 14 de noviembre de 1976 con la visita de Felipe González, hombre fuerte de la oposición, a los campamentos de refugiados situados en territorio argelino. No solo mostró su repulsa por los acuerdos de Madrid sino que acusó al gobierno español de hacer «una mala colonización y una peor descolonización», se comprometió con la lucha del pueblo saharaui y prometió que «el PSOE, nuestro partido, estará con vosotros hasta la victoria final».
La guerra duró hasta 1991 cuando una tregua negociada por la ONU puso fin a los combates entre el Frente Polisario, representante del pueblo saharaui, y Marruecos que actuaba como nueva potencia colonial. El acuerdo preveía celebrar un referendo de autodeterminación que 34 años después sigue sin concretarse.
La ONU desplegó su misión en el Sáhara Occidental (conocida como Minurso) para supervisar el alto el fuego y acelerar el proceso de descolonización. Marruecos ha conseguido invalidar con el apoyo de Estados Unidos y Francia y la pasividad de España las presiones de la ONU en las últimas décadas.
En mayo de 2003, el llamado Plan Baker, firmado por Marruecos, el Frente Polisario, Argelia, Mauritania y la ONU, propuso una fecha concreta («no menos de cuatro años y no más de cinco años») para celebrar el referéndum de autodeterminación supervisado por observadores internacionales.
Cuando estaba a punto de concluir el plazo, Marruecos ofreció «un estatuto de autonomía en el marco de su soberanía y su unidad nacional» que fue rechazado por el Frente Polisario por considerarlo «colonial» y presentado con el fin de «torpedear el proceso de paz».
Durante la década de los ochenta Marruecos construyó una serie de muros que se extiende a lo largo de 2.700 kilómetros fortificado con trincheras, alambres de púas y protegido por uno de los campos de minas antitanques y antipersonas más grandes del mundo. La tensión bélica se mantiene hasta hoy y ha habido incursiones marroquíes en la zona desmilitarizada.
El Sáhara ocupado por Marruecos, poco menos que la mitad de la extensión de España, es un territorio inhóspito con importantes reservas naturales de fosfatos que incluye mil kilómetros de costa atlántica con ricos bancos pesqueros.
Aunque no hay censo actualizado o cifras oficiales, se calcula que unos 206.000 saharauis viven en los llamados campos de refugiados diseminados por la provincia de Tinduf, en el suroeste de Argelia. Resisten en tiendas de campañas o frágiles casas de adobe que carecen de agua corriente y electricidad. Viven de la ayuda internacional que distribuye el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y el Programa Mundial de Alimentos.
Los campamentos de Tinduf cuentan con dos hospitales quirúrgicos, cinco consultorios de atención primaria y varios dispensarios. Médicos voluntarios visitan los campamentos varias veces al año para realizar operaciones de cirugía general o consultas especializadas de urología, oftalmología, oncología, odontología o pediatría.
La desaparición forzosa de saharauis ha sido una práctica de terror utilizada por Marruecos en el último medio siglo. En la actualidad hay cerca de 400 personas desaparecidas en las zonas ocupadas por Marruecos. Hubo que esperar hasta junio de 2013 para encontrar los restos de los primeros desaparecidos en dos fosas comunes. En ellas se encontraron los restos de ocho beduinos, incluidos dos niños, víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas el 12 de febrero de 1976 y realizadas por soldados marroquíes.
La gran siembra de minas antipersonas, entre siete y diez millones de unidades, a lo largo del muro de piedra, arena y alambradas ha provocado miles de víctimas tanto en el lado marroquí como en el saharaui. Marruecos informó a la ONU en 2012 que se habían producido 831 muertos y 1.705 heridos en su territorio mientras el Frente Polisario confirmó 1.413 muertos y heridos en el suyo.
La Asociación Saharaui de Víctimas de Minas siempre ha hablado de un número superior a las 4.000 víctimas, un 90% hombres y un 10% mujeres. Una tercera parte han sufrido amputaciones y un 7% son paralíticos.
Se calcula que existen entre 15 y 18 tipos de minas antipersonas, a los que hay que sumar las bombas sin explosionar que pueden detonar si son manipuladas por niños o adultos. Se han diseminado minas francesas, italianas, húngaras, rusas, chinas y vietnamitas. También hay plantadas cinco tipos de modelos de minas antitanques de origen ruso, ucraniano y estadounidense.
Los jóvenes saharauis se sienten frustrados ante la imposibilidad de regresar a su tierra ocupada y hablan abiertamente de regresar a la guerra para poner fin a una gran injusticia.
Una herida abierta histórica
Nadie pregunta al presidente Pedro Sánchez sobre el conflicto del Sáhara Occidental a pesar de que pronto se cumplirá medio siglo de la retirada de España de su antigua colonia, de la que sigue siendo su potencia administradora, según afirma la ONU.
En los últimos días, algunos foros saharauis han denunciado que la corporación de Radio y Televisión Española ha vuelto a presentar a ciudades reclamadas por el Frente Polisario como destinos turísticos integrados en territorio marroquí. El ente público ha reconocido que se ha debido a «un error involuntario» por «cambios de plató y grafismo». Asociaciones saharauis consideran que se trata de una tendencia reiterativa vinculada al cambio de postura del gobierno español que parece cada día más alineado con los postulados marroquíes.
En marzo de 2022, el gobierno de Pedro Sánchez comenzó a apoyar el plan de autonomía de Marruecos calificándolo como la «base más sería, creíble y realista» para una solución al conflicto. Este cambio provocó tensiones en el interior de la coalición gubernamental y partidos de la oposición que acusaron al presidente del gobierno de romper la posición histórica de España basada en el apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui y en el mantenimiento de una postura neutral y alineada con la ONU.
En la carta enviada al rey de Marruecos, el gobierno español daba el visto bueno a que la defensa y las relaciones exteriores de la potencial autonomía saharaui estuviesen bajo el control del rey Mohamed IV.
El Frente Polisario acusó a Sánchez de sucumbir «a la presión y chantaje» de Marruecos y consideró este cambio como «un peaje» para mejorar las dañadas relaciones políticas y diplomáticas entre ambos países.
Nadie pregunta al presidente Pedro Sánchez sobre el conflicto del Sáhara pese a que pronto se cumple medio siglo de la retirada de España de la colonia.
Los saharauis sufren una injusticia histórica desde hace cincuenta años. Su causa ha sido traicionada y olvidada por España, la antigua potencia colonial a pesar de las múltiples y pomposas declaraciones de varios de sus responsables políticos a lo largo del último medio siglo.
El 2 de noviembre de 1975, el entonces príncipe Juan Carlos, visitó el Aaiún como jefe de Estado en funciones y se comprometió a «proteger los legítimos derechos de la población civil saharaui». Días después, se firmaron los Acuerdos de Madrid. España ratificaba su deseo de descolonizar el Sáhara, dejaba de ser la potencia hegemónica y se comprometía a «respetar la opinión de la población saharaui».
Los últimos soldados españoles abandonaron el Sahara el 26 de febrero de 1976. En la nota informativa oficial se insistía en que «la descolonización no culminará en tanto la opinión de la población saharaui no se haya expresado válidamente».
Se ponía fin a más de 90 años de presencia colonial española en el Sáhara, reconvertida en 1934 en una provincia española. Desde 1959, fecha de su independencia, Marruecos empezó a reclamar el territorio como suyo igual que Mauritania. Un movimiento independentista saharaui, el Frente Polisario, se creó en 1973.
En noviembre de 1975, con el dictador Francisco Franco moribundo, 350.000 marroquíes participaron en la llamada Marcha Verde como forma de presionar a España que provocó una salida rápida de nuestro país y el inicio de una guerra de guerrillas.
Una fecha clave fue el 14 de noviembre de 1976 con la visita de Felipe González, hombre fuerte de la oposición, a los campamentos de refugiados situados en territorio argelino. No solo mostró su repulsa por los acuerdos de Madrid sino que acusó al gobierno español de hacer «una mala colonización y una peor descolonización», se comprometió con la lucha del pueblo saharaui y prometió que «el PSOE, nuestro partido, estará con vosotros hasta la victoria final».
La guerra duró hasta 1991 cuando una tregua negociada por la ONU puso fin a los combates entre el Frente Polisario, representante del pueblo saharaui, y Marruecos que actuaba como nueva potencia colonial. El acuerdo preveía celebrar un referendo de autodeterminación que 34 años después sigue sin concretarse.
La ONU desplegó su misión en el Sáhara Occidental (conocida como Minurso) para supervisar el alto el fuego y acelerar el proceso de descolonización. Marruecos ha conseguido invalidar con el apoyo de Estados Unidos y Francia y la pasividad de España las presiones de la ONU en las últimas décadas.
En mayo de 2003, el llamado Plan Baker, firmado por Marruecos, el Frente Polisario, Argelia, Mauritania y la ONU, propuso una fecha concreta («no menos de cuatro años y no más de cinco años») para celebrar el referéndum de autodeterminación supervisado por observadores internacionales.
Cuando estaba a punto de concluir el plazo, Marruecos ofreció «un estatuto de autonomía en el marco de su soberanía y su unidad nacional» que fue rechazado por el Frente Polisario por considerarlo «colonial» y presentado con el fin de «torpedear el proceso de paz».
Durante la década de los ochenta Marruecos construyó una serie de muros que se extiende a lo largo de 2.700 kilómetros fortificado con trincheras, alambres de púas y protegido por uno de los campos de minas antitanques y antipersonas más grandes del mundo. La tensión bélica se mantiene hasta hoy y ha habido incursiones marroquíes en la zona desmilitarizada.
El Sáhara ocupado por Marruecos, poco menos que la mitad de la extensión de España, es un territorio inhóspito con importantes reservas naturales de fosfatos que incluye mil kilómetros de costa atlántica con ricos bancos pesqueros.
Aunque no hay censo actualizado o cifras oficiales, se calcula que unos 206.000 saharauis viven en los llamados campos de refugiados diseminados por la provincia de Tinduf, en el suroeste de Argelia. Resisten en tiendas de campañas o frágiles casas de adobe que carecen de agua corriente y electricidad. Viven de la ayuda internacional que distribuye el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y el Programa Mundial de Alimentos.
Los campamentos de Tinduf cuentan con dos hospitales quirúrgicos, cinco consultorios de atención primaria y varios dispensarios. Médicos voluntarios visitan los campamentos varias veces al año para realizar operaciones de cirugía general o consultas especializadas de urología, oftalmología, oncología, odontología o pediatría.
La desaparición forzosa de saharauis ha sido una práctica de terror utilizada por Marruecos en el último medio siglo. En la actualidad hay cerca de 400 personas desaparecidas en las zonas ocupadas por Marruecos. Hubo que esperar hasta junio de 2013 para encontrar los restos de los primeros desaparecidos en dos fosas comunes. En ellas se encontraron los restos de ocho beduinos, incluidos dos niños, víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas el 12 de febrero de 1976 y realizadas por soldados marroquíes.
La gran siembra de minas antipersonas, entre siete y diez millones de unidades, a lo largo del muro de piedra, arena y alambradas ha provocado miles de víctimas tanto en el lado marroquí como en el saharaui. Marruecos informó a la ONU en 2012 que se habían producido 831 muertos y 1.705 heridos en su territorio mientras el Frente Polisario confirmó 1.413 muertos y heridos en el suyo.
La Asociación Saharaui de Víctimas de Minas siempre ha hablado de un número superior a las 4.000 víctimas, un 90% hombres y un 10% mujeres. Una tercera parte han sufrido amputaciones y un 7% son paralíticos.
Se calcula que existen entre 15 y 18 tipos de minas antipersonas, a los que hay que sumar las bombas sin explosionar que pueden detonar si son manipuladas por niños o adultos. Se han diseminado minas francesas, italianas, húngaras, rusas, chinas y vietnamitas. También hay plantadas cinco tipos de modelos de minas antitanques de origen ruso, ucraniano y estadounidense.
Los jóvenes saharauis se sienten frustrados ante la imposibilidad de regresar a su tierra ocupada y hablan abiertamente de regresar a la guerra para poner fin a una gran injusticia.
Nadie pregunta al presidente Pedro Sánchez sobre el conflicto del Sáhara Occidental a pesar de que pronto se cumplirá medio siglo de la retirada de España de su antigua colonia, de la que sigue siendo su potencia administradora, según afirma la ONU.
En los últimos días, algunos foros saharauis han denunciado que la corporación de Radio y Televisión Española ha vuelto a presentar a ciudades reclamadas por el Frente Polisario como destinos turísticos integrados en territorio marroquí. El ente público ha reconocido que se ha debido a «un error involuntario» por «cambios de plató y grafismo». Asociaciones saharauis consideran que se trata de una tendencia reiterativa vinculada al cambio de postura del gobierno español que parece cada día más alineado con los postulados marroquíes.
En marzo de 2022, el gobierno de Pedro Sánchez comenzó a apoyar el plan de autonomía de Marruecos calificándolo como la «base más sería, creíble y realista» para una solución al conflicto. Este cambio provocó tensiones en el interior de la coalición gubernamental y partidos de la oposición que acusaron al presidente del gobierno de romper la posición histórica de España basada en el apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui y en el mantenimiento de una postura neutral y alineada con la ONU.
En la carta enviada al rey de Marruecos, el gobierno español daba el visto bueno a que la defensa y las relaciones exteriores de la potencial autonomía saharaui estuviesen bajo el control del rey Mohamed IV.
El Frente Polisario acusó a Sánchez de sucumbir «a la presión y chantaje» de Marruecos y consideró este cambio como «un peaje» para mejorar las dañadas relaciones políticas y diplomáticas entre ambos países.
20MINUTOS.ES – Internacional
