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  Internacional  Una transición sin brújula para una nueva Siria post-Asad que quiere respirar
Internacional

Una transición sin brújula para una nueva Siria post-Asad que quiere respirar

julio 19, 2026
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Superado el año y medio después de la caída del brutal régimen de Bachar al Asad —instaurado por su progenitor en 1970— y la llegada a Damasco, en una fulgurante operación militar iniciada en Idlib y sostenida por la Turquía de Erdogan, del autoproclamado presidente y hombre fuerte del país, Ahmed a Sharaa, sin duda lo mejor que pueden celebrar los sirios es seguir estando. Haber sobrevivido a 14 años de conflicto civil, que dejaron un país destruido, aislado y exhausto —amén de más de medio millón de muertos—, y evitado la desintegración territorial y social siria. Poder contarlo. Que no es poco.

Lo cierto es que la nueva Siria de Ahmed al Sharaa, ex yihadista, antiguo combatiente de Frente al Nusra y líder de los islamistas radicales suníes de Hayat Tahrir al Sham (HTS), camina hacia una transición sin un destino demasiado nítido. En el horizonte teórico está la celebración de elecciones libres, cuyo corolario habría de ser el establecimiento de un sistema político con, al menos, elementos democráticos, aunque la palabra democracia es cada vez más difícil de escuchar o leer en el argumentario y los discursos públicos de las autoridades sirias. Descontado el año y medio transcurrido —en rigor se cumplieron el pasado 8 de diciembre— desde la llegada al poder de Al Sharaa, según advirtiera el propio nuevo presidente quedarían al menos dos años para la elaboración de la futura constitución y uno más para la celebración de las primeras elecciones pluralistas libres.

Como ejemplo de la complejidad del actual proceso político sirio, la nueva Asamblea del Pueblo, inaugurada el pasado 13 de julio: compuesta por 140 miembros elegidos en 2025 por colegios electorales provinciales —no por voto popular directo— y 70 designados directamente por decreto presidencial del propio Al Sharaa, tiene como misión legislar y redactar la nueva carta magna durante un mandato de 30 meses mientras se preparan las citadas elecciones. Además, los escaños de Al Sueida, provincia meridional de mayoría drusa y escenario el pasado verano de uno de los peores brotes de violencia de la nueva etapa, siguen vacíos porque las autoridades locales rechazan integrarse.

El yihadista reconvertido en hombre de Estado

Sin duda, para lo bueno y para lo malo el gran protagonista de la nueva etapa es el autoproclamado presidente Al Sharaa. El antiguo combatiente yihadista que colgó el uniforme color caqui para enfundarse en el traje y la corbata y presentarse ante el mundo como un hombre fiable, como un hombre de Estado. Nadie puede hoy saber si su poder actual — a día de hoy preside un gabinete de corte tecnocrático, con menos islamistas de lo imaginable, y una sola ministra— acabará derivando en una nueva dictadura personal como tantas en la región.

De momento Al Sharaa evita los tics personalistas que fueron la norma en el régimen anterior, empezando por presentarse discretamente ante la sociedad siria, en claro contraste con el dictador anterior, de rostro omnipresente (los analistas locales destacaban de su reciente alocución con motivo de la inauguración del parlamento el silencio que sucedió a sus palabras en contraste con el entusiasmo en forma de infinitos aplausos habitual cada vez que Bachar al Asad tomaba el micrófono).

Además, en repetidas ocasiones el nuevo presidente sirio ha manifestado su deseo de construir una Siria en paz y convivencia capaz de preservar su diversidad, pues junto a la mayoría suní, aún exultante por la llegada al poder de uno de los suyos tras el medio siglo de relegación baazista, conviven en las calles de Damasco, Alepo, Homs, Hama o Raqa, cristianos, drusos y alauíes entre representantes de otras minorías etno-religiosas.

El regreso de Siria al mundo

Lo cierto es que el padrinazgo de Turquía y el apoyo de las monarquías del Golfo, así como la aparente caída en gracia del nuevo presidente sirio a Donad Trump, parecen haberle abierto el camino de su consolidación en el poder. Arabia Saudí, centro gravitacional del mundo suní, no ha tardado en tomar posiciones en la nueva Siria tras dejar de ser una suerte de protectorado de la República Islámica de Irán en pleno Oriente Próximo durante décadas. Sobre el papel, el objetivo común de debilitar aún más a Hezbolá contribuirá a estrechar lazos con Beirut, aunque no ayudan los por ahora rumores de incursión terrestre de las fuerzas sirias en el Líbano a fin de combatir a la milicia chií. Medios regionales han llegado a asegurar que Damasco “estudia de manera cautelosa” una eventual operación, aunque hasta ahora Al Sharaa lo ha negado.

Con el otro vecino, Israel, la situación es igualmente compleja. Ambos gobiernos llevan meses en negociaciones directas para un acuerdo de seguridad, con el presidente sirio exigiendo que Israel se retire a las fronteras previas al 8 de diciembre de 2024. Hubo avances: en diciembre se habló de una cumbre “inminente” para firmar un pacto, pero Netanyahu criticó duramente a Al Sharaa en el gabinete de seguridad, acusándolo de intentar traer fuerzas rusas a la frontera con Israel, después de que el líder sirio denunciara a Trump que Israel violaba el acuerdo de separación de 1974, expandía su presencia militar en Siria y había expulsado a fuerzas de la ONU.

No en vano, la semana pasada, el medio digital estadounidense Axios informaba en exclusiva que Trump instó directamente al primer ministro Netanyahu a retirar las tropas israelíes tanto de Siria como de Líbano durante una llamada telefónica. “Las intervenciones casi diarias en Quneitra han puesto de manifiesto la debilidad del nuevo gobierno de transición sirio y la necesidad de firmar un pacto de seguridad para la retirada de tropas del Ejercito israelí de la línea de 1974 en los Altos del Golán”, recuerda el investigador doctoral en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid Pol Mauri a 20minutos.

Hace apenas unos días, el presidente francés, Emmanuel Macron, visitaba Damasco haciendo historia como el primer líder europeo y occidental en regresar a la nueva Siria islamista y post Asad (desde la ya lejana visita de Nicolas Sarkozy en 2009 ningún líder de la antigua potencia colonial pisaba suelo del país levantino), una visita con nítido carácter económico —TotalEnergies acaba de firmar contratos de exploración de petróleo y gas en aguas offshore y asegura que será socia clave en la extensión de oleoductos desde el puerto sirio de Baniyas hasta Irak— marcada por el susto final en forma de tentativa de atentado.

No en vano, la UE levantó todas las sanciones económicas contra Siria en mayo de 2025, y un año más tarde retiró de su lista a siete entidades más, incluidos los ministerios de Defensa e Interior, aunque mantiene medidas ligadas a la seguridad y a personas vinculadas al régimen caído. EEUU derogó de forma permanente la Ley César en diciembre de 2025, sin condiciones previas, pero con la obligación de informar periódicamente al Congreso sobre derechos de minorías y antiterrorismo. Persisten algunas designaciones puntuales, pero el grueso del entramado sancionador ya no existe.

El ingente reto de la reconstrucción (física y moral)

Pero las nuevas autoridades sirias saben que el levantamiento de las sanciones es apenas el primer paso en la reconstrucción de un país devastado que tendrá que convencer al mundo de que está en condiciones de poder garantizar la seguridad, la jurídica y la general. “Las nuevas autoridades sirias confían en situar al país como un hub energético y comercial regional, aunque para ello tendrán que fomentar la inversión sobre todo de los países del Golfo”, explica a 20minutos el especialista en política regional Pol Mauri. Según cifras del Banco Mundial, el país exigirá una inversión mínima de 200.000 millones de euros sólo para la reconstrucción de sus infraestructuras.

Las nuevas autoridades sirias confían en situar al país como un hub energético y comercial regional, aunque para ello tendrán que fomentar la inversión sobre todo de los países del Golfo

Además, recuerda el especialista en relaciones internacionales, la guerra de Irán y la crisis en torno al estrecho de Ormuz ha impulsado la cooperación siria con Irak. No en vano, Damasco y Bagdad firmaron recientemente un memorando de entendimiento para construir un oleoducto que permita exportar petróleo iraquí a través de Siria y desde el puerto de Baniyas, en la costa mediterránea. Irak ya está enviando fueloil por tierra y mar a través de Siria: la petrolera iraquí SOMO firmó contratos para transportar 650.000 toneladas de petróleo por tierra, y también se está usando el terminal marítimo de Baniyas para exportar fueloil, del que Siria obtiene ingresos por derechos de tránsito. A juicio del académico estadounidense y especialista en Siria Joshua Landis, la construcción del oleoducto Kirku-Baniyas es una “excelente” noticia que permitirá a Siria “comenzar a prosperar”.

En el apartado de la reconstrucción moral del país, una de las cuestiones capitales será, sin duda, la de la justicia transicional. Las nuevas autoridades sirias crearon la Comisión Nacional de Justicia Transicional y la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, y pusieron en marcha juicios contra cinco exaltos cargos del régimen de Asad. En abril de 2026 arrancó, según el propio gobierno, una nueva fase que busca ya no procesar individuos aislados, sino toda la cadena de mando, con juicios públicos ya iniciados y retorno de más de 3,5 millones de refugiados y desplazados. La ONU ha reconocido “un progreso constante hacia la rendición de cuentas”.

Con todo, en Siria persisten heridas enormes: unas 6.000 personas vinculadas al régimen depuesto siguen detenidas, entre ellas decenas de altos oficiales, y el paradero de miles de desaparecidos sigue sin esclarecerse del todo. Amnistía Internacional documentó que más de 30.000 personas siguen sufriendo violaciones de derechos bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias. La Comisión de la ONU, tras su visita de julio pasado, advirtió que Siria intenta construir justicia transicional mientras la guerra sigue generando nuevas violaciones, con detenciones arbitrarias y disputas de propiedad sin resolver. El propio gobierno admite que el reto central es lograr apoyo internacional sin que este sustituya el proceso nacional ni comprometa la paz social.

Amnistía Internacional documentó que más de 30.000 personas siguen sufriendo violaciones de derechos bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias

Con todo, “la idea de la justicia transicional es controvertida en Siria, incluso en el seno de la antigua oposición”, asegura el periodista y escritor estadounidense experto en Oriente Medio Nir Rosen, porque las facciones insurgentes lucharon de manera sangrienta entre ellas y contra ‘activistas revolucionarios’ y altos funcionarios del nuevo gobierno pueden estar implicados”. Como recuerda el autor estadounidense, “la legislación siria actual ni siquiera cuenta con un marco para abordar crímenes como los ocurridos durante la guerra civil, aunque la declaración constitucional de 2025 sí reconoció el derecho internacional humanitario”.

El problema de la seguridad

Sin duda, el de la seguridad, vinculada al difícil equilibrio entre comunidades etno-religiosas en un país mosaico como Siria, es uno de los retos fundamentales de las autoridades lideradas por Al Sharaa. Aunque no hay datos oficiales al respecto, Siria es un país mayoritariamente suní que estuvo gobernado de manera dictatorial por un régimen copado por miembros de la minoría alauí —que es una rama minoritaria del islam chií, con creencias esotéricas propias (reencarnación, una trinidad divina)— que se jactó de su protección a los cristianos.

Así las cosas, la llegada al poder de los rebeldes islamistas suníes liderados por Al Sharaa en diciembre de 2024 cambiaría por completo las tornas. El cambio de régimen convertiría de manera inmediata en sospechosos a alauíes, cristianos —que han caído desde 2010 al momento actual del 10% al apenas 1% de la población siria— y drusos.

Los peores episodios de violencia se produjeron el año pasado en la provincia meridional de Sueida (julio), en el sur, y en las demarcaciones costeras de Latakia y Tartús (marzo), y estuvieron dirigidos contra las minorías drusa y alauí respectivamente. En el primero de los casos, minoría drusa y tribus beduinas suníes apoyadas por milicias progubernamentales se enfrentaron de manera sangrienta. La ONU documentó tres oleadas de violencia: primero contra beduinos, luego drusos atacando beduinos, y finalmente ataques masivos contra civiles drusos, con hasta 35 localidades saqueadas e incendiadas. El saldo: más de 1.700 muertos y cerca de 200.000 desplazados.

En el segundo de los casos, miles de hombres armados afines al gobierno inundaron la zona atacando a la minoría alauita, con al menos 1.426 muertos según cifras oficiales, elevadas a más de 1.700 por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Hubo ejecuciones sumarias documentadas en varias localidades rurales. Una comisión de la ONU concluyó que la violencia fue “extendida y sistemática”, pudiendo constituir crímenes de guerra.

Los cristianos, por su parte, han sido objeto de actos de provocación en Damasco y Alepo, sus principales ciudades, pero nunca en los últimos 19 meses han vivido una situación como la registrada en el barrio de Dweila, en la capital, en junio del año pasado, cuando un atacante suicida entró a la iglesia ortodoxa griega Mar Elías, para abrir fuego contra las 350 personas que estaban dentro durante la misa del domingo por la tarde, antes de detonar un chaleco explosivo en la entrada cuando la multitud intentó reducirlo. El balance de víctimas varió según la fuente y el momento, pero se estabilizó en al menos 25 muertos y 63 heridos.

El desmantelamiento de la autonomía kurda

Capítulo aparte merece el tema kurdo. La minoría étnica vive el desmantelamiento efectivo de una década de autogobierno. Tras un primer acuerdo de integración firmado en marzo de 2025 que nunca se cumplió del todo, Al Sharaa lanzó en enero de 2026 una ofensiva que en apenas tres días hizo perder a las Fuerzas Democrática Sirias —coalición militar y brazo armado oficial del autogobierno en el noreste de Siria— el 80% de su territorio, incluidos el mayor campo petrolífero del país, presas hidroeléctricas y cárceles con reclusos del Estado Islámico. Washington, antiguo aliado de los kurdos, no intervino: Trump decidió que su socio preferente en Siria era Al Sharaa, no las FDS.

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El resultado fue un nuevo pacto: las FDS aceptaron disolver su proyecto autonómico, con integración progresiva de estructuras civiles y militares en el Estado sirio, devolviendo al poder central el control de territorio, fronteras y recursos estratégicos. Como contrapartida, obtuvieron derechos de ciudadanía y participación política, algo relevante tras décadas en que muchos kurdos fueron privados de nacionalidad por los Asad, pero sin concesiones reales de autonomía.

 Las nuevas autoridades sirias lideradas por el ex combatiente yihadista Ahmed al Sharaa tratan de rehacer un país destruido y exhausto por la larga dictadura y catorce años de conflicto civil en el que siguen latiendo profundas tensiones sectarias  

Superado el año y medio después de la caída del brutal régimen de Bachar al Asad —instaurado por su progenitor en 1970— y la llegada a Damasco, en una fulgurante operación militar iniciada en Idlib y sostenida por la Turquía de Erdogan, del autoproclamado presidente y hombre fuerte del país, Ahmed a Sharaa, sin duda lo mejor que pueden celebrar los sirios es seguir estando. Haber sobrevivido a 14 años de conflicto civil, que dejaron un país destruido, aislado y exhausto —amén de más de medio millón de muertos—, y evitado la desintegración territorial y social siria. Poder contarlo. Que no es poco.

Lo cierto es que la nueva Siria de Ahmed al Sharaa, ex yihadista, antiguo combatiente de Frente al Nusra y líder de los islamistas radicales suníes de Hayat Tahrir al Sham (HTS), camina hacia una transición sin un destino demasiado nítido. En el horizonte teórico está la celebración de elecciones libres, cuyo corolario habría de ser el establecimiento de un sistema político con, al menos, elementos democráticos, aunque la palabra democracia es cada vez más difícil de escuchar o leer en el argumentario y los discursos públicos de las autoridades sirias. Descontado el año y medio transcurrido —en rigor se cumplieron el pasado 8 de diciembre— desde la llegada al poder de Al Sharaa, según advirtiera el propio nuevo presidente quedarían al menos dos años para la elaboración de la futura constitución y uno más para la celebración de las primeras elecciones pluralistas libres.

Como ejemplo de la complejidad del actual proceso político sirio, la nueva Asamblea del Pueblo, inaugurada el pasado 13 de julio: compuesta por 140 miembros elegidos en 2025 por colegios electorales provinciales —no por voto popular directo— y 70 designados directamente por decreto presidencial del propio Al Sharaa, tiene como misión legislar y redactar la nueva carta magna durante un mandato de 30 meses mientras se preparan las citadas elecciones. Además, los escaños de Al Sueida, provincia meridional de mayoría drusa y escenario el pasado verano de uno de los peores brotes de violencia de la nueva etapa, siguen vacíos porque las autoridades locales rechazan integrarse.

El yihadista reconvertido en hombre de Estado

Sin duda, para lo bueno y para lo malo el gran protagonista de la nueva etapa es el autoproclamado presidente Al Sharaa. El antiguo combatiente yihadista que colgó el uniforme color caqui para enfundarse en el traje y la corbata y presentarse ante el mundo como un hombre fiable, como un hombre de Estado. Nadie puede hoy saber si su poder actual — a día de hoy preside un gabinete de corte tecnocrático, con menos islamistas de lo imaginable, y una sola ministra— acabará derivando en una nueva dictadura personal como tantas en la región.

De momento Al Sharaa evita los tics personalistas que fueron la norma en el régimen anterior, empezando por presentarse discretamente ante la sociedad siria, en claro contraste con el dictador anterior, de rostro omnipresente (los analistas locales destacaban de su reciente alocución con motivo de la inauguración del parlamento el silencio que sucedió a sus palabras en contraste con el entusiasmo en forma de infinitos aplausos habitual cada vez que Bachar al Asad tomaba el micrófono).

Además, en repetidas ocasiones el nuevo presidente sirio ha manifestado su deseo de construir una Siria en paz y convivencia capaz de preservar su diversidad, pues junto a la mayoría suní, aún exultante por la llegada al poder de uno de los suyos tras el medio siglo de relegación baazista, conviven en las calles de Damasco, Alepo, Homs, Hama o Raqa, cristianos, drusos y alauíes entre representantes de otras minorías etno-religiosas.

El regreso de Siria al mundo

Lo cierto es que el padrinazgo de Turquía y el apoyo de las monarquías del Golfo, así como la aparente caída en gracia del nuevo presidente sirio a Donad Trump, parecen haberle abierto el camino de su consolidación en el poder. Arabia Saudí, centro gravitacional del mundo suní, no ha tardado en tomar posiciones en la nueva Siria tras dejar de ser una suerte de protectorado de la República Islámica de Irán en pleno Oriente Próximo durante décadas. Sobre el papel, el objetivo común de debilitar aún más a Hezbolá contribuirá a estrechar lazos con Beirut, aunque no ayudan los por ahora rumores de incursión terrestre de las fuerzas sirias en el Líbano a fin de combatir a la milicia chií. Medios regionales han llegado a asegurar que Damasco “estudia de manera cautelosa” una eventual operación, aunque hasta ahora Al Sharaa lo ha negado.

Con el otro vecino, Israel, la situación es igualmente compleja. Ambos gobiernos llevan meses en negociaciones directas para un acuerdo de seguridad, con el presidente sirio exigiendo que Israel se retire a las fronteras previas al 8 de diciembre de 2024. Hubo avances: en diciembre se habló de una cumbre “inminente” para firmar un pacto, pero Netanyahu criticó duramente a Al Sharaa en el gabinete de seguridad, acusándolo de intentar traer fuerzas rusas a la frontera con Israel, después de que el líder sirio denunciara a Trump que Israel violaba el acuerdo de separación de 1974, expandía su presencia militar en Siria y había expulsado a fuerzas de la ONU.

No en vano, la semana pasada, el medio digital estadounidense Axios informaba en exclusiva que Trump instó directamente al primer ministro Netanyahu a retirar las tropas israelíes tanto de Siria como de Líbano durante una llamada telefónica. “Las intervenciones casi diarias en Quneitra han puesto de manifiesto la debilidad del nuevo gobierno de transición sirio y la necesidad de firmar un pacto de seguridad para la retirada de tropas del Ejercito israelí de la línea de 1974 en los Altos del Golán”, recuerda el investigador doctoral en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid Pol Mauri a 20minutos.

Hace apenas unos días, el presidente francés, Emmanuel Macron, visitaba Damasco haciendo historia como el primer líder europeo y occidental en regresar a la nueva Siria islamista y post Asad (desde la ya lejana visita de Nicolas Sarkozy en 2009 ningún líder de la antigua potencia colonial pisaba suelo del país levantino), una visita con nítido carácter económico —TotalEnergies acaba de firmar contratos de exploración de petróleo y gas en aguas offshore y asegura que será socia clave en la extensión de oleoductos desde el puerto sirio de Baniyas hasta Irak— marcada por el susto final en forma de tentativa de atentado.

No en vano, la UE levantó todas las sanciones económicas contra Siria en mayo de 2025, y un año más tarde retiró de su lista a siete entidades más, incluidos los ministerios de Defensa e Interior, aunque mantiene medidas ligadas a la seguridad y a personas vinculadas al régimen caído. EEUU derogó de forma permanente la Ley César en diciembre de 2025, sin condiciones previas, pero con la obligación de informar periódicamente al Congreso sobre derechos de minorías y antiterrorismo. Persisten algunas designaciones puntuales, pero el grueso del entramado sancionador ya no existe.

El ingente reto de la reconstrucción (física y moral)

Pero las nuevas autoridades sirias saben que el levantamiento de las sanciones es apenas el primer paso en la reconstrucción de un país devastado que tendrá que convencer al mundo de que está en condiciones de poder garantizar la seguridad, la jurídica y la general. “Las nuevas autoridades sirias confían en situar al país como un hub energético y comercial regional, aunque para ello tendrán que fomentar la inversión sobre todo de los países del Golfo”, explica a 20minutos el especialista en política regional Pol Mauri. Según cifras del Banco Mundial, el país exigirá una inversión mínima de 200.000 millones de euros sólo para la reconstrucción de sus infraestructuras.

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Además, recuerda el especialista en relaciones internacionales, la guerra de Irán y la crisis en torno al estrecho de Ormuz ha impulsado la cooperación siria con Irak. No en vano, Damasco y Bagdad firmaron recientemente un memorando de entendimiento para construir un oleoducto que permita exportar petróleo iraquí a través de Siria y desde el puerto de Baniyas, en la costa mediterránea. Irak ya está enviando fueloil por tierra y mar a través de Siria: la petrolera iraquí SOMO firmó contratos para transportar 650.000 toneladas de petróleo por tierra, y también se está usando el terminal marítimo de Baniyas para exportar fueloil, del que Siria obtiene ingresos por derechos de tránsito. A juicio del académico estadounidense y especialista en Siria Joshua Landis, la construcción del oleoducto Kirku-Baniyas es una “excelente” noticia que permitirá a Siria “comenzar a prosperar”.

En el apartado de la reconstrucción moral del país, una de las cuestiones capitales será, sin duda, la de la justicia transicional. Las nuevas autoridades sirias crearon la Comisión Nacional de Justicia Transicional y la Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, y pusieron en marcha juicios contra cinco exaltos cargos del régimen de Asad. En abril de 2026 arrancó, según el propio gobierno, una nueva fase que busca ya no procesar individuos aislados, sino toda la cadena de mando, con juicios públicos ya iniciados y retorno de más de 3,5 millones de refugiados y desplazados. La ONU ha reconocido “un progreso constante hacia la rendición de cuentas”.

Con todo, en Siria persisten heridas enormes: unas 6.000 personas vinculadas al régimen depuesto siguen detenidas, entre ellas decenas de altos oficiales, y el paradero de miles de desaparecidos sigue sin esclarecerse del todo. Amnistía Internacional documentó que más de 30.000 personas siguen sufriendo violaciones de derechos bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias. La Comisión de la ONU, tras su visita de julio pasado, advirtió que Siria intenta construir justicia transicional mientras la guerra sigue generando nuevas violaciones, con detenciones arbitrarias y disputas de propiedad sin resolver. El propio gobierno admite que el reto central es lograr apoyo internacional sin que este sustituya el proceso nacional ni comprometa la paz social.

Amnistía Internacional documentó que más de 30.000 personas siguen sufriendo violaciones de derechos bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias

Con todo, “la idea de la justicia transicional es controvertida en Siria, incluso en el seno de la antigua oposición”, asegura el periodista y escritor estadounidense experto en Oriente Medio Nir Rosen, porque las facciones insurgentes lucharon de manera sangrienta entre ellas y contra ‘activistas revolucionarios’ y altos funcionarios del nuevo gobierno pueden estar implicados”. Como recuerda el autor estadounidense, “la legislación siria actual ni siquiera cuenta con un marco para abordar crímenes como los ocurridos durante la guerra civil, aunque la declaración constitucional de 2025 sí reconoció el derecho internacional humanitario”.

El problema de la seguridad

Sin duda, el de la seguridad, vinculada al difícil equilibrio entre comunidades etno-religiosas en un país mosaico como Siria, es uno de los retos fundamentales de las autoridades lideradas por Al Sharaa. Aunque no hay datos oficiales al respecto, Siria es un país mayoritariamente suní que estuvo gobernado de manera dictatorial por un régimen copado por miembros de la minoría alauí —que es una rama minoritaria del islam chií, con creencias esotéricas propias (reencarnación, una trinidad divina)— que se jactó de su protección a los cristianos.

Así las cosas, la llegada al poder de los rebeldes islamistas suníes liderados por Al Sharaa en diciembre de 2024 cambiaría por completo las tornas. El cambio de régimen convertiría de manera inmediata en sospechosos a alauíes, cristianos —que han caído desde 2010 al momento actual del 10% al apenas 1% de la población siria— y drusos.

Los peores episodios de violencia se produjeron el año pasado en la provincia meridional de Sueida (julio), en el sur, y en las demarcaciones costeras de Latakia y Tartús (marzo), y estuvieron dirigidos contra las minorías drusa y alauí respectivamente. En el primero de los casos, minoría drusa y tribus beduinas suníes apoyadas por milicias progubernamentales se enfrentaron de manera sangrienta. La ONU documentó tres oleadas de violencia: primero contra beduinos, luego drusos atacando beduinos, y finalmente ataques masivos contra civiles drusos, con hasta 35 localidades saqueadas e incendiadas. El saldo: más de 1.700 muertos y cerca de 200.000 desplazados.

En el segundo de los casos, miles de hombres armados afines al gobierno inundaron la zona atacando a la minoría alauita, con al menos 1.426 muertos según cifras oficiales, elevadas a más de 1.700 por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Hubo ejecuciones sumarias documentadas en varias localidades rurales. Una comisión de la ONU concluyó que la violencia fue “extendida y sistemática”, pudiendo constituir crímenes de guerra.

Los cristianos, por su parte, han sido objeto de actos de provocación en Damasco y Alepo, sus principales ciudades, pero nunca en los últimos 19 meses han vivido una situación como la registrada en el barrio de Dweila, en la capital, en junio del año pasado, cuando un atacante suicida entró a la iglesia ortodoxa griega Mar Elías, para abrir fuego contra las 350 personas que estaban dentro durante la misa del domingo por la tarde, antes de detonar un chaleco explosivo en la entrada cuando la multitud intentó reducirlo. El balance de víctimas varió según la fuente y el momento, pero se estabilizó en al menos 25 muertos y 63 heridos.

El desmantelamiento de la autonomía kurda

Capítulo aparte merece el tema kurdo. La minoría étnica vive el desmantelamiento efectivo de una década de autogobierno. Tras un primer acuerdo de integración firmado en marzo de 2025 que nunca se cumplió del todo, Al Sharaa lanzó en enero de 2026 una ofensiva que en apenas tres días hizo perder a las Fuerzas Democrática Sirias —coalición militar y brazo armado oficial del autogobierno en el noreste de Siria— el 80% de su territorio, incluidos el mayor campo petrolífero del país, presas hidroeléctricas y cárceles con reclusos del Estado Islámico. Washington, antiguo aliado de los kurdos, no intervino: Trump decidió que su socio preferente en Siria era Al Sharaa, no las FDS.

El resultado fue un nuevo pacto: las FDS aceptaron disolver su proyecto autonómico, con integración progresiva de estructuras civiles y militares en el Estado sirio, devolviendo al poder central el control de territorio, fronteras y recursos estratégicos. Como contrapartida, obtuvieron derechos de ciudadanía y participación política, algo relevante tras décadas en que muchos kurdos fueron privados de nacionalidad por los Asad, pero sin concesiones reales de autonomía.

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