La Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York (Estados Unidos), es noticia desde que una de sus alumnas denunciara que fue agredida sexualmente por siete estudiantes en la madrugada del 20 de octubre de 2024. La joven, que se hace llamar Jane Doe para proteger su identidad, está recibiendo el apoyo de muchos alumnos y bastantes profesores de Cornell. Unos y otros apoyan la campaña «Yo soy Jane Doe».
Aunque la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, dirige la investigación como fiscal especial, la Universidad de Cornell va a iniciar su propia investigación independiente. De ello se va a encargar Sally Yates, que fue fiscal general adjunta de EEUU durante el Gobierno de Barack Obama. Yates ha recibido el encargo de hacer una «revisión independiente exhaustiva» sobre cómo la universidad «previene y responde al acoso sexual, la agresión sexual y las conductas indebidas relacionadas en el campus».
El anuncio de la iniciativa de la universidad se produjo después de que miembros del Senado del profesorado de Cornell presentaran el lunes una resolución solicitando una moción de censura contra la administración. Una moción de censura constituye una reprobación formal de la dirección de un grupo y, a menudo, un intento de forzar cambios o provocar dimisiones.
Dos años de silencio… ¿y ocultación?
La alumna sostiene que fue agredida sexualmente por siete estudiantes de Chi Phi, una fraternidad masculina de Cornell, durante la madrugada del 20 de octubre de 2024. Ella estaba «completamente y totalmente ebria». El caso fue investigado inicialmente por Matthew Van Houten, fiscal de distrito del condado de Tompkins, que decidió no presentar cargos. La estudiante denuncia que las autoridades archivaron su caso sin, en realidad, llegar a investigarlo.
Según documentos a los que ha tenido acceso CNN News, ya en noviembre de 2024, la víctima dijo a la policía universitaria que podía afirmar «con seguridad al 100%» que había sido violada, además de haber descrito coacción y falta de capacidad para decidir por su estado de embriaguez. Esos documentos muestran que la policía de la Universidad de Cornell redactó cartas dirigidas a compañías de telefonía móvil aproximadamente una semana después de que Jane Doe denunciara la violación.
Los borradores, dirigidos a Verizon y T-Mobile y fechados el 15 de noviembre de 2024, señalaban que la policía de la universidad estaba «investigando un incidente de agresión sexual, en el que se cree que la cuenta o el número de teléfono que figura a continuación podría contener evidencia pertinente para la investigación en curso». Allí indicaban que en 30 días se enviaría una orden judicial y pedían a las compañías telefónicas que «preservaran todos los datos disponibles». No está claro si los investigadores enviaron las cartas, si la policía del campus dio seguimiento con citaciones judiciales o si el fiscal Van Houten estaba al tanto de la solicitud de esos registros.
Han pasado casi dos años de silencio, que se rompieron el pasado 16 de septiembre, cuando se conoció que Jane Doe había presentado una demanda contra la universidad y los siete presuntos violadores, miembros de la fraternidad Chi Phi, una de las más antiguas de EEUU. La joven alega que la institución no la protegió ni sancionó adecuadamente a los estudiantes acusados.
En las últimas horas, CBS News se ha puesto en contacto con los siete hombres mencionados en la demanda de Doe. Los abogados de dos de ellos respondieron, negando las acusaciones de agresión sexual.
Varios interrogantes por esclarecer
Las investigaciones, la oficial de la fiscal general del estado de Nueva York y la encargada por la universidad a Sally Yates, deben responder a varios interrogantes. Al menos, estos cuatro: cómo gestionó la policía de Cornell las acusaciones de Jane Doe, cuánta información se compartió con la fiscalía, por qué los fiscales decidieron no presentar cargos y si la investigación interna y las medidas adoptadas por la universidad fueron suficientes.
El abogado de la mujer, Thomas Giuffra, asegura que la estudiante ha recibido amenazas desde que salió a la luz la demanda y que usuarios en redes sociales han intentado desvelar la identidad de la joven. Giuffra mantuvo la semana pasada una conversación con la oficina de la fiscal general del estado.
El letrado confía en que la investigación oficial se lleve a cabo de manera imparcial, con una nueva perspectiva sobre las pruebas recopiladas por su equipo. Entre ellas se incluyen grabaciones de llamadas entre la joven y algunos de los acusados, así como correos electrónicos con disculpas.
Cambiar la ley estatal sobre agresión sexual
El largo silencio de los responsables de la universidad ha levantado la indignación de medio país. Es por ello que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha puesto la investigación en manos de la Fiscalía General. Hochul ha arremetido contra la investigación inicial realizada por la policía local. «¿En qué mundo la policía se entera por la víctima de que había sido violada en grupo y de que ella creía ‘al cien por cien’ que había sido violada, y no informa de esas acusaciones al fiscal?», reclamó.
¿En qué mundo la policía se entera por la víctima de que había sido violada ‘al cien por cien’ y no informa al fiscal?»
Según la gobernadora ha llegado el momento de cambiar la ley estatal sobre agresión sexual, que no considera incapacitadas a las personas que quedan intoxicadas tras consumir voluntariamente alcohol o drogas. Tras las críticas, la Universidad de Cornell aseguró que apoya la reforma de esa ley. La iniciativa busca prohibir que los acusados de un delito sexual puedan librarse de los cargos alegando que la víctima consumió sustancias por decisión propia.
Actualmente, el Código Penal neoyorquino califica como persona «incapacitada mentalmente» a aquella que no puede controlar su conducta por la influencia de cualquier sustancia «administrada sin su consentimiento» o por cualquier otro acto «sin su consentimiento», explica la agencia Efe. En este caso, si una persona queda incapacitada tras consumir voluntariamente una sustancia, la ley no considera que esté incapacitada para prestar o negar su consentimiento en un caso de violación, pese a que pueda encontrarse en ese estado como consecuencia del consumo.
¿»Violadores protegidos, manifestantes expulsados»?
Jane Doe está recibiendo el apoyo de los estudiantes de la Universidad de Cornell. Este lunes, cientos de ellos marcharon por el campus para exigir justicia para ella. «Sin justicia no hay paz», «Queremos justicia ahora» o «Vergüenza», gritaban a medida que recorrían el prestigioso centro universitario. A la universidad le piden transparencia, rendición de cuentas y una revisión de sus políticas sobre agresiones sexuales.
Estamos cansados de las agresiones sexuales a nuestros estudiantes, a los actuales y a los anteriores»
Los alumnos salieron a manifestarse horas después de que desconocidos atacaran el edificio de la administración universitaria, en la ciudad de Ithaca, al norte del estado de Nueva York. Rompieron una puerta de cristal y escribieron con pintura roja en las paredes: «Acabemos con el patriarcado», «En Cornell, los violadores están protegidos, los manifestantes son expulsados«.
Con este último mensaje se referían a 15 estudiantes a los que se impuso ese castigo después de protestar en 2024 contra la invasión israelí de la Franja de Gaza. Eso es lo que ahora no ha ocurrido con los siete acusados de violación.
También son muchos los profesores indignados con lo ocurrido. «Estamos cansados de las agresiones sexuales que les ocurrieron a nuestros estudiantes. Estamos cansados de la inacción de la administración en este tema, y no solo nuestros estudiantes actuales, sino también los estudiantes anteriores. Exalumnos que han dado dinero a esta universidad están hartos», declaró a CNN el profesor de historia laboral de Cornell, Paul Ortiz.
La alumna denunció que fue agredida sexualmente en octubre de 2024. Tras dos años de inacción, en septiembre demandó a la universidad y a los siete presuntos violadores.
La Universidad de Cornell, en el estado de Nueva York (Estados Unidos), es noticia desde que una de sus alumnas denunciara que fue agredida sexualmente por siete estudiantes en la madrugada del 20 de octubre de 2024. La joven, que se hace llamar Jane Doe para proteger su identidad, está recibiendo el apoyo de muchos alumnos y bastantes profesores de Cornell. Unos y otros apoyan la campaña «Yo soy Jane Doe».
Aunque la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, dirige la investigación como fiscal especial, la Universidad de Cornell va a iniciar su propia investigación independiente. De ello se va a encargar Sally Yates, que fue fiscal general adjunta de EEUU durante el Gobierno de Barack Obama. Yates ha recibido el encargo de hacer una «revisión independiente exhaustiva» sobre cómo la universidad «previene y responde al acoso sexual, la agresión sexual y las conductas indebidas relacionadas en el campus».
El anuncio de la iniciativa de la universidad se produjo después de que miembros del Senado del profesorado de Cornell presentaran el lunes una resolución solicitando una moción de censura contra la administración. Una moción de censura constituye una reprobación formal de la dirección de un grupo y, a menudo, un intento de forzar cambios o provocar dimisiones.
Dos años de silencio… ¿y ocultación?
La alumna sostiene que fue agredida sexualmente por siete estudiantes de Chi Phi, una fraternidad masculina de Cornell, durante la madrugada del 20 de octubre de 2024. Ella estaba «completamente y totalmente ebria». El caso fue investigado inicialmente por Matthew Van Houten, fiscal de distrito del condado de Tompkins, que decidió no presentar cargos. La estudiante denuncia que las autoridades archivaron su caso sin, en realidad, llegar a investigarlo.
Según documentos a los que ha tenido acceso CNN News, ya en noviembre de 2024, la víctima dijo a la policía universitaria que podía afirmar «con seguridad al 100%» que había sido violada, además de haber descrito coacción y falta de capacidad para decidir por su estado de embriaguez. Esos documentos muestran que la policía de la Universidad de Cornell redactó cartas dirigidas a compañías de telefonía móvil aproximadamente una semana después de que Jane Doe denunciara la violación.
Los borradores, dirigidos a Verizon y T-Mobile y fechados el 15 de noviembre de 2024, señalaban que la policía de la universidad estaba «investigando un incidente de agresión sexual, en el que se cree que la cuenta o el número de teléfono que figura a continuación podría contener evidencia pertinente para la investigación en curso». Allí indicaban que en 30 días se enviaría una orden judicial y pedían a las compañías telefónicas que «preservaran todos los datos disponibles». No está claro si los investigadores enviaron las cartas, si la policía del campus dio seguimiento con citaciones judiciales o si el fiscal Van Houten estaba al tanto de la solicitud de esos registros.
Han pasado casi dos años de silencio, que se rompieron el pasado 16 de septiembre, cuando se conoció que Jane Doe había presentado una demanda contra la universidad y los siete presuntos violadores, miembros de la fraternidad Chi Phi, una de las más antiguas de EEUU. La joven alega que la institución no la protegió ni sancionó adecuadamente a los estudiantes acusados.
En las últimas horas, CBS News se ha puesto en contacto con los siete hombres mencionados en la demanda de Doe. Los abogados de dos de ellos respondieron, negando las acusaciones de agresión sexual.
Varios interrogantes por esclarecer
Las investigaciones, la oficial de la fiscal general del estado de Nueva York y la encargada por la universidad a Sally Yates, deben responder a varios interrogantes. Al menos, estos cuatro: cómo gestionó la policía de Cornell las acusaciones de Jane Doe, cuánta información se compartió con la fiscalía, por qué los fiscales decidieron no presentar cargos y si la investigación interna y las medidas adoptadas por la universidad fueron suficientes.
El abogado de la mujer, Thomas Giuffra, asegura que la estudiante ha recibido amenazas desde que salió a la luz la demanda y que usuarios en redes sociales han intentado desvelar la identidad de la joven. Giuffra mantuvo la semana pasada una conversación con la oficina de la fiscal general del estado.
El letrado confía en que la investigación oficial se lleve a cabo de manera imparcial, con una nueva perspectiva sobre las pruebas recopiladas por su equipo. Entre ellas se incluyen grabaciones de llamadas entre la joven y algunos de los acusados, así como correos electrónicos con disculpas.
Cambiar la ley estatal sobre agresión sexual
El largo silencio de los responsables de la universidad ha levantado la indignación de medio país. Es por ello que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha puesto la investigación en manos de la Fiscalía General. Hochul ha arremetido contra la investigación inicial realizada por la policía local. «¿En qué mundo la policía se entera por la víctima de que había sido violada en grupo y de que ella creía ‘al cien por cien’ que había sido violada, y no informa de esas acusaciones al fiscal?», reclamó.
¿En qué mundo la policía se entera por la víctima de que había sido violada ‘al cien por cien’ y no informa al fiscal?»
Según la gobernadora ha llegado el momento de cambiar la ley estatal sobre agresión sexual, que no considera incapacitadas a las personas que quedan intoxicadas tras consumir voluntariamente alcohol o drogas. Tras las críticas, la Universidad de Cornell aseguró que apoya la reforma de esa ley. La iniciativa busca prohibir que los acusados de un delito sexual puedan librarse de los cargos alegando que la víctima consumió sustancias por decisión propia.
Actualmente, el Código Penal neoyorquino califica como persona «incapacitada mentalmente» a aquella que no puede controlar su conducta por la influencia de cualquier sustancia «administrada sin su consentimiento» o por cualquier otro acto «sin su consentimiento», explica la agencia Efe. En este caso, si una persona queda incapacitada tras consumir voluntariamente una sustancia, la ley no considera que esté incapacitada para prestar o negar su consentimiento en un caso de violación, pese a que pueda encontrarse en ese estado como consecuencia del consumo.
¿»Violadores protegidos, manifestantes expulsados»?
Jane Doe está recibiendo el apoyo de los estudiantes de la Universidad de Cornell. Este lunes, cientos de ellos marcharon por el campus para exigir justicia para ella. «Sin justicia no hay paz», «Queremos justicia ahora» o «Vergüenza», gritaban a medida que recorrían el prestigioso centro universitario. A la universidad le piden transparencia, rendición de cuentas y una revisión de sus políticas sobre agresiones sexuales.
Estamos cansados de las agresiones sexuales a nuestros estudiantes, a los actuales y a los anteriores»
Los alumnos salieron a manifestarse horas después de que desconocidos atacaran el edificio de la administración universitaria, en la ciudad de Ithaca, al norte del estado de Nueva York. Rompieron una puerta de cristal y escribieron con pintura roja en las paredes: «Acabemos con el patriarcado», «En Cornell, los violadores están protegidos, los manifestantes son expulsados«.
Con este último mensaje se referían a 15 estudiantes a los que se impuso ese castigo después de protestar en 2024 contra la invasión israelí de la Franja de Gaza. Eso es lo que ahora no ha ocurrido con los siete acusados de violación.
También son muchos los profesores indignados con lo ocurrido. «Estamos cansados de las agresiones sexuales que les ocurrieron a nuestros estudiantes. Estamos cansados de la inacción de la administración en este tema, y no solo nuestros estudiantes actuales, sino también los estudiantes anteriores. Exalumnos que han dado dinero a esta universidad están hartos», declaró a CNN el profesor de historia laboral de Cornell, Paul Ortiz.
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