El Gobierno ecuatoriano ha alcanzado un acuerdo con las organizaciones indígenas para poner fin a las protestas que durante 24 días paralizaron el país, sobre todo, la provincia de Imbabura (norte de Ecuador), tras la eliminación del subsidio al diésel. El paro, que dejó tres fallecidos —entre ellas el indígena Efraín Fuérez, que recibió al menos tres impactos de bala—, más de 150 heridos y más de cien detenidos, entre ellos una veintena acusados de terrorismo, cierra una de las crisis sociales más tensas del gobierno de Daniel Noboa.
El anuncio del acuerdo lo han dado los representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac), de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI) y el ministro del Interior, John Reimberg, tras una reunión de varias horas en el municipio de Otavalo, perteneciente a Imbabura, que el martes fue escenario de intensos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.
«Cuando llegué a la provincia, lo primero que dije es que el diálogo siempre está abierto y es lo que hemos hecho el día de hoy. Luego de largas horas que hemos estado reunidos, hemos llegado a lo que ustedes han visto. Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías», ha dicho Reimberg.
El ministro ha asegurado que el Gobierno iba a «trabajar inmediatamente en abastecer la provincia» y que desde el lunes van a llevarse a cabo unas mesas técnicas para «trabajar en conjunto para que esto no se vuelva a repetir».
«Somos un país de paz y tenemos que trabajar de esa forma», ha añadido el funcionario y ha expresado su deseo de que Imbabura «vuelva a la normalidad lo más pronto posible».
Manuel Catucuago, dirigente de la FICI, ha explicado que las organizaciones indígenas le pidieron al Gobierno que restaure el subsidio al diésel, pero que eso no fue aceptado, por lo que plantearon que se analice la posibilidad de congelar el precio, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros) tras la medida tomada por Noboa el pasado 12 de septiembre.
Martha Tuqueres, presienta de la Unorcac, ha enfatizado en que este acuerdo no es la conclusión de nada, sino más bien el inicio de un proceso que esperan que termine con éxito para ambas partes. «Ceder y ceder, ese es el tema de una mesa de diálogo», ha añadido.
El paro sigue para una parte del sector indígena
El acuerdo al que han llegado esta tarde las organizaciones del norte del país no es reconocido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande y que convocó al paro nacional, que ha asegurdo que siguen en «la lucha» hasta que los máximos dirigentes analicen o adopten nuevas resoluciones.
El movimiento indígena ya protagonizó en 2019 y 2022 masivas protestas que llevaron a los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
la Conaie mantiene una serie demandas que trascienden el reclamo inicial por el combustible y abordan problemas estructurales de larga data en el país como el aumento del salario mínimo y precios justos para enfrentar el encarecimiento de la vida, una moratoria de deudas con la banca pública y privada, y el freno a lo que califican como un “paquetazo neoliberal” impulsado por el Gobierno de Daniel Noboa, que incluye el alza del IVA y la carga impositiva sobre los pequeños productores.
En el terreno ambiental y social, la organización indígena ha pedido el cese de la expansión minera y petrolera, con especial énfasis en la suspensión del proyecto Loma Larga, que, según los demandantes, amenaza las fuentes de agua y ecosistemas de páramo.
También ha denunciado la criminalización de la protesta, exige la liberación de los detenidos durante el paro y rechaza la consulta popular convocada por el Ejecutivo, a la que planea oponerse en campaña. En conjunto, el movimiento reclama un giro económico y político que proteja las economías populares, los derechos colectivos y la naturaleza.
Lo puntos clave del acuerdo
Subsidio al Diésel y Precios: Las organizaciones indígenas solicitaron la restauración del subsidio al diésel (cuyo precio subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón), pero esta petición no fue aceptada por el Gobierno. En su lugar, se planteó que se analice la posibilidad de congelar el precio del combustible.
Detenidos y Acusaciones Judiciales: Se acordó el traslado inmediato de los indígenas detenidos en el marco de las protestas a una cárcel más cercana. También se incluyó su futura liberación. Adicionalmente, se buscaría el esclarecimiento de las muertes de manifestantes y de las acusaciones judiciales que, según los dirigentes, carecían de fundamento.
Mesas Técnicas y Necesidades Comunitarias: Se estableció que a partir del lunes se llevarían a cabo mesas técnicas. Estas mesas tendrán como objetivo trabajar en conjunto para que la situación no se repita, buscando solucionar «las necesidades» de los pueblos, como la falta de agua, salud y educación.
Las organizaciones indígenas solicitaron la restauración del subsidio al diésel (cuyo precio subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón), pero su petición no fue aceptada.
El Gobierno ecuatoriano ha alcanzado un acuerdo con las organizaciones indígenas para poner fin a las protestas que durante 24 días paralizaron el país, sobre todo, la provincia de Imbabura (norte de Ecuador), tras la eliminación del subsidio al diésel. El paro, que dejó tres fallecidos —entre ellas el indígena Efraín Fuérez, que recibió al menos tres impactos de bala—, más de 150 heridos y más de cien detenidos, entre ellos una veintena acusados de terrorismo, cierra una de las crisis sociales más tensas del gobierno de Daniel Noboa.
El anuncio del acuerdo lo han dado los representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac), de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI) y el ministro del Interior, John Reimberg, tras una reunión de varias horas en el municipio de Otavalo, perteneciente a Imbabura, que el martes fue escenario de intensos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad.
«Cuando llegué a la provincia, lo primero que dije es que el diálogo siempre está abierto y es lo que hemos hecho el día de hoy. Luego de largas horas que hemos estado reunidos, hemos llegado a lo que ustedes han visto. Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías», ha dicho Reimberg.
El ministro ha asegurado que el Gobierno iba a «trabajar inmediatamente en abastecer la provincia» y que desde el lunes van a llevarse a cabo unas mesas técnicas para «trabajar en conjunto para que esto no se vuelva a repetir».
«Somos un país de paz y tenemos que trabajar de esa forma», ha añadido el funcionario y ha expresado su deseo de que Imbabura «vuelva a la normalidad lo más pronto posible».
Manuel Catucuago, dirigente de la FICI, ha explicado que las organizaciones indígenas le pidieron al Gobierno que restaure el subsidio al diésel, pero que eso no fue aceptado, por lo que plantearon que se analice la posibilidad de congelar el precio, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros) tras la medida tomada por Noboa el pasado 12 de septiembre.
Martha Tuqueres, presienta de la Unorcac, ha enfatizado en que este acuerdo no es la conclusión de nada, sino más bien el inicio de un proceso que esperan que termine con éxito para ambas partes. «Ceder y ceder, ese es el tema de una mesa de diálogo», ha añadido.
El paro sigue para una parte del sector indígena
El acuerdo al que han llegado esta tarde las organizaciones del norte del país no es reconocido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande y que convocó al paro nacional, que ha asegurdo que siguen en «la lucha» hasta que los máximos dirigentes analicen o adopten nuevas resoluciones.
El movimiento indígena ya protagonizó en 2019 y 2022 masivas protestas que llevaron a los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
la Conaie mantiene una serie demandas que trascienden el reclamo inicial por el combustible y abordan problemas estructurales de larga data en el país como el aumento del salario mínimo y precios justos para enfrentar el encarecimiento de la vida, una moratoria de deudas con la banca pública y privada, y el freno a lo que califican como un “paquetazo neoliberal” impulsado por el Gobierno de Daniel Noboa, que incluye el alza del IVA y la carga impositiva sobre los pequeños productores.
En el terreno ambiental y social, la organización indígena ha pedido el cese de la expansión minera y petrolera, con especial énfasis en la suspensión del proyecto Loma Larga, que, según los demandantes, amenaza las fuentes de agua y ecosistemas de páramo.
También ha denunciado la criminalización de la protesta, exige la liberación de los detenidos durante el paro y rechaza la consulta popular convocada por el Ejecutivo, a la que planea oponerse en campaña. En conjunto, el movimiento reclama un giro económico y político que proteja las economías populares, los derechos colectivos y la naturaleza.
Lo puntos clave del acuerdo
Subsidio al Diésel y Precios: Las organizaciones indígenas solicitaron la restauración del subsidio al diésel (cuyo precio subió de 1,80 a 2,80 dólares por galón), pero esta petición no fue aceptada por el Gobierno. En su lugar, se planteó que se analice la posibilidad de congelar el precio del combustible.
Detenidos y Acusaciones Judiciales: Se acordó el traslado inmediato de los indígenas detenidos en el marco de las protestas a una cárcel más cercana. También se incluyó su futura liberación. Adicionalmente, se buscaría el esclarecimiento de las muertes de manifestantes y de las acusaciones judiciales que, según los dirigentes, carecían de fundamento.
Mesas Técnicas y Necesidades Comunitarias: Se estableció que a partir del lunes se llevarían a cabo mesas técnicas. Estas mesas tendrán como objetivo trabajar en conjunto para que la situación no se repita, buscando solucionar «las necesidades» de los pueblos, como la falta de agua, salud y educación.
20MINUTOS.ES – Internacional
