Desde este lunes están en vigor las nuevas normas europeas de lucha contra la corrupción bajo una directiva que busca armonizar toda la legislación. Por ejemplo, el texto exige a los Estados miembros que tipifiquen como delitos penales, cuando se cometan intencionadamente, el soborno (activo y pasivo en los sectores público y privado), la malversación, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, la obstrucción a la justicia y el enriquecimiento derivado de delitos de corrupción.
La nueva directiva también establece normas mínimas sobre sanciones penales tanto para las personas físicas como para las empresas, recuerda la Comisión Europea en su comunicado. «Para garantizar que se haga justicia, las nuevas normas introducen normas mínimas sobre los plazos de prescripción a fin de asegurar que se disponga de tiempo suficiente para investigar y enjuiciar eficazmente los delitos de corrupción. Los Estados miembros también deben garantizar que las fuerzas del orden y los fiscales dispongan de herramientas de investigación adecuadas y reforzar las medidas preventivas, entre otras cosas mediante estrategias nacionales específicas de lucha contra la corrupción», añade el texto.
Además, la nueva normativa subraya la necesidad de prevenir la corrupción mediante campañas de sensibilización, programas de educación e investigación. En este sentido, los gobiernos nacionales deben realizar evaluaciones periódicas para identificar los sectores con mayor riesgo y desarrollar planes de gestión específicos. «La corrupción socava nuestras democracias y la seguridad de nuestras sociedades. Estas nuevas normas son una parte fundamental de nuestro compromiso con la defensa del Estado de Derecho. Junto con nuestra próxima Estrategia de la UE contra la Corrupción, envían un mensaje claro: esta Comisión tomará medidas decisivas contra quienes traicionan la confianza pública», ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario Hena Virkkunen.
Por otro lado, la directiva obliga a los Estados miembros a contar con organismos especializados tanto en la prevención como en la represión de la corrupción. «Estas entidades deben ser funcionalmente independientes del gobierno, disponer de recursos suficientes (humanos, financieros y técnicos) y ser conocidas por el público», explica el texto de la norma. Al mismo tiempo, establece niveles mínimos para las penas máximas de prisión: al menos seis años para soborno en el sector público y obstrucción a la justicia; cinco años para soborno en el sector privado, malversación, tráfico de influencias y abuso de funciones; y cuatro años para el enriquecimiento por corrupción.
La ley pide además que los fiscales no tengan obstrucciones en su trabajo y dispongan de más margen y capacidades. Asimismo, entre las sanciones para personas jurídicas se incluyen multas cuyo límite máximo no debe ser inferior al 5% del volumen de negocios mundial total de la entidad en el ejercicio anterior a la decisión. También se contemplan exclusiones de ayudas públicas, de procedimientos de contratación y el cierre de establecimientos. En ese sentido, para evitar la impunidad en casos complejos, se fijan plazos mínimos de prescripción de entre 5 y 15 años tras la comisión del delito (dependiendo de la gravedad) para permitir una investigación, enjuiciamiento y decisión judicial efectivos.
También se definen factores que agravan la pena, como que el delincuente sea un funcionario de alto nivel, que el delito se cometa en beneficio de un tercer país, que se actúe en el marco de una organización criminal o que el autor tenga funciones de investigación y adjudicación. El texto contempla circunstancias mitigantes, especialmente cuando el infractor proporciona información valiosa que ayude a identificar a otros culpables o a encontrar pruebas. En el caso de las empresas, se valorará la implementación previa de programas de ética y cumplimiento.
«La corrupción no es un delito sin víctimas. Agota los recursos públicos, distorsiona la competencia leal y erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Con estas nuevas normas, reforzamos nuestra capacidad para prevenir la corrupción, perseguir a los responsables de manera más eficaz y garantizar un enfoque más coherente en toda la UE», ha concluido al respecto al comisario de Justicia europeo, Michael McGrath.
Las nuevas normas establecen un marco más coherente a escala de la UE al armonizar la definición de los delitos de corrupción, según explica la Comisión Europea.
Desde este lunes están en vigor las nuevas normas europeas de lucha contra la corrupción bajo una directiva que busca armonizar toda la legislación. Por ejemplo, el texto exige a los Estados miembros que tipifiquen como delitos penales, cuando se cometan intencionadamente, el soborno (activo y pasivo en los sectores público y privado), la malversación, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, la obstrucción a la justicia y el enriquecimiento derivado de delitos de corrupción.
La nueva directiva también establece normas mínimas sobre sanciones penales tanto para las personas físicas como para las empresas, recuerda la Comisión Europea en su comunicado. «Para garantizar que se haga justicia, las nuevas normas introducen normas mínimas sobre los plazos de prescripción a fin de asegurar que se disponga de tiempo suficiente para investigar y enjuiciar eficazmente los delitos de corrupción. Los Estados miembros también deben garantizar que las fuerzas del orden y los fiscales dispongan de herramientas de investigación adecuadas y reforzar las medidas preventivas, entre otras cosas mediante estrategias nacionales específicas de lucha contra la corrupción», añade el texto.
Además, la nueva normativa subraya la necesidad de prevenir la corrupción mediante campañas de sensibilización, programas de educación e investigación. En este sentido, los gobiernos nacionales deben realizar evaluaciones periódicas para identificar los sectores con mayor riesgo y desarrollar planes de gestión específicos. «La corrupción socava nuestras democracias y la seguridad de nuestras sociedades. Estas nuevas normas son una parte fundamental de nuestro compromiso con la defensa del Estado de Derecho. Junto con nuestra próxima Estrategia de la UE contra la Corrupción, envían un mensaje claro: esta Comisión tomará medidas decisivas contra quienes traicionan la confianza pública», ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario Hena Virkkunen.
Por otro lado, la directiva obliga a los Estados miembros a contar con organismos especializados tanto en la prevención como en la represión de la corrupción. «Estas entidades deben ser funcionalmente independientes del gobierno, disponer de recursos suficientes (humanos, financieros y técnicos) y ser conocidas por el público», explica el texto de la norma. Al mismo tiempo, establece niveles mínimos para las penas máximas de prisión: al menos seis años para soborno en el sector público y obstrucción a la justicia; cinco años para soborno en el sector privado, malversación, tráfico de influencias y abuso de funciones; y cuatro años para el enriquecimiento por corrupción.
La ley pide además que los fiscales no tengan obstrucciones en su trabajo y dispongan de más margen y capacidades. Asimismo, entre las sanciones para personas jurídicas se incluyen multas cuyo límite máximo no debe ser inferior al 5% del volumen de negocios mundial total de la entidad en el ejercicio anterior a la decisión. También se contemplan exclusiones de ayudas públicas, de procedimientos de contratación y el cierre de establecimientos. En ese sentido, para evitar la impunidad en casos complejos, se fijan plazos mínimos de prescripción de entre 5 y 15 años tras la comisión del delito (dependiendo de la gravedad) para permitir una investigación, enjuiciamiento y decisión judicial efectivos.
También se definen factores que agravan la pena, como que el delincuente sea un funcionario de alto nivel, que el delito se cometa en beneficio de un tercer país, que se actúe en el marco de una organización criminal o que el autor tenga funciones de investigación y adjudicación. El texto contempla circunstancias mitigantes, especialmente cuando el infractor proporciona información valiosa que ayude a identificar a otros culpables o a encontrar pruebas. En el caso de las empresas, se valorará la implementación previa de programas de ética y cumplimiento.
«La corrupción no es un delito sin víctimas. Agota los recursos públicos, distorsiona la competencia leal y erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Con estas nuevas normas, reforzamos nuestra capacidad para prevenir la corrupción, perseguir a los responsables de manera más eficaz y garantizar un enfoque más coherente en toda la UE», ha concluido al respecto al comisario de Justicia europeo, Michael McGrath.
20MINUTOS.ES – Internacional
